Un convento en la ruina

Los fraudes inmobiliarios han llegado a la clausura. La comunidad de monjas agustinas que regenta el convento de San Leandro ha sido víctima de una presunta estafa que ha dejado en la ruina la economía de este cenobio y, sobre todo, imposibilita que estas religiosas puedan acudir, por ahora, a otra fuente de ingresos que no sea la venta de sus conocidas yemas. El asunto se encuentra ya en proceso judicial, a la espera de que los tribunales dicten en próximas fechas una sentencia.

Los hechos se remontan a 2007, cuando esta comunidad de religiosas se pone en contacto con un arquitecto para hacer habitable unas dependencias anexas al convento con la intención de que se conviertan en residencias para estudiantes. La intención era rentabilizar unas instalaciones vacías para conseguir una fuente de ingresos distinta a la que tenían hasta ahora y que se ciñe a la elaboración de repostería conventual y a los donativos de los feligreses allegados. De esta forma, se elevaría la maltrecha economía con la que la orden de agustinas hace frente al elevado coste que supone el mantenimiento de un convento del siglo XVI.

Fuentes cercanas a la comunidad conventual aseguran a este periódico que el presupuesto inicial de la reforma estaba fijado en 40.000 euros, en el que se englobaban las obras de saneamiento y electricidad. Las monjas, que se encuentran en régimen de clausura, confían todo el proyecto al arquitecto -cuyo nombre no han querido que trascienda a los medios de comunicación-, quien contrata a un constructor. Aunque no había un plazo de ejecución estipulado, en principio la remodelación no tendría que prolongarse más de seis meses. Una vez transcurrido este tiempo las obras no han concluido y el precio va incrementándose hasta llegar a principios de 2009, cuando el gasto aumenta hasta los 120.000 euros, el triple de lo acordado. La comunidad durante este tiempo ha pagado 60.000 euros, un desembolso que ha dejado prácticamente sin recursos económicos al convento, que sólo puede hacer frente a los gastos diarios gracias a la venta de dulces y a los donativos de las familias.

A esta situación se suma el hecho de que la reforma está inconclusa, con trabajos defectuosos, lo que hace inhabitable la residencia. Por tanto, habrá que formular otro contrato para acabar la obra y rehacer lo poco que se ha modificado, lo que supone un nuevo gasto inasumible en estos momentos.

Por si fuera poco, el arquitecto que se hizo cargo del proyecto ha presentado una demanda para que la comunidad le pague los honorarios en función del coste final de la reforma. Un despacho de abogados se ha hecho cargo de este asunto para anular dicha demanda. Una vez que haya sentencia favorable se iniciará otro proceso para que se devuelva el dinero a la comunidad.