El decreto que obliga a pagar la Seguridad Social por las prácticas de Formación Profesional y universitarias no se aplicará hasta septiembre. Por tanto, este curso las empresas están libres de afrontar dicho pago. Así lo ha informado el Gobierno de Pedro Sánchez a las patronales, lo que ha traído cierta calma al sector, que intentará que la normativa se elimine antes del próximo curso.

Salvador Ramírez, gerente de la Cámara de Comercio de Sevilla, indica que desde esta institución se quiere transmitir “tranquilidad” a las empresas que colaboran con los centros educativos, pues “aún falta que se apruebe la norma para desarrollarlo”, para lo cual hay establecido un plazo mínimo de tres meses. Ramírez insiste en que desde la Cámara de Comercio se van a abrir “vías de diálogo” con Madrid para que este requisito desaparezca. La entidad cameral tiene 650 alumnos matriculados en el centro de enseñanza superior Eusa y en el de Nuevas Profesiones. En ambas modalidades se realizan prácticas gracias a los acuerdos establecidos con multitud de empresas.

Algunos empresarios recuerdan estos días el esfuerzo que realizan en esta colaboración. Uno de ellos es Rafael Sánchez, presidente de Fadeco (patronal de la construcción) y de la asociación empresarial de Morón de la Frontera. “Las patronales estamos en la obligación de luchar por la FP y por la relación de la empresa con la universidad”, abunda Sánchez, quien destaca la importancia de los ciclos formativos para “adecuar los estudios a las necesidades del mercado laboral”.

“En otros países las prácticas se realizan con total seriedad. Se le presta mucha atención, pues constituyen la auténtica formación. Lo que ahora quieren hacer aquí con el pago a la Seguridad Social supone un golpe brutal”, afirma.

Las empresas que colaboran con las prácticas destina un empleado a tutelar la labor del alumnado

El presidente de la patronal de Morón destaca que la FCT ya supone un “coste” para las empresas: “tiempos, medios y dedicación”. “Todo el alumno que se encuentre en prácticas tiene un tutor, que además de vigilar su actividad ha de elaborar un informe sobre su evolución”, añade Sánchez. “Cuesta mucho convencer a ciertos empresarios para que colaboren con los institutos. Lo hacen por responsabilidad social. Si encima hay que pagar a la Seguridad Social, muchos se van a echar atrás”, advierte este experto, quien detalla que en Morón llevan 18 años participando en programas de FCT, ya sea a través de institutos públicos o de centros concertados, entre los que destaca los Salesianos.

Son una veintena de empresas de la localidad de la Sierra Sur las que acogen a dichos alumnos. De ella, sólo una tiene más de 400 empleados, cuatro tienen cien y el resto son pymes, a las que le resultaría muy complicado asumir el nuevo tributo establecido por decreto.