Denuncian el acoso a personal sanitario a través de vídeos y audios grabados en consulta y difundidos en redes sociales

El sindicato UGT ha denunciado este lunes que profesionales sanitarios en Andalucía están siendo grabados en su trabajo, en audio o vídeo, para posteriormente ser intimidados a través de redes sociales. Según la central sindical, estas prácticas "vulneran el derecho a la intimidad y constituyen una nueva forma de agresión hacia los facultativos".

UGT ha solicitado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que adopte medidas preventivas, como la colocación de carteles que adviertan a los usuarios sobre la ilegalidad de estas grabaciones. En un comunicado, el sindicato subraya que "cada vez de manera más frecuente se producen quejas sobre este tema de profesionales que trabajan en el sistema público". Además, alerta de que usuarios, familiares, acompañantes e incluso personas ajenas a los centros sanitarios realizan grabaciones sin consentimiento y de manera oculta.

La alarma llega tras un nuevo episodio de violencia en un centro de salud de Sevilla. El pasado jueves, un médico de familia en el centro de salud El Porvenir fue víctima de amenazas, insultos y coacciones por parte de una paciente que exigía la reactivación anticipada de la receta electrónica de un estupefaciente, según denunció el Sindicato Médico de Sevilla. El incidente ocurrió sobre las 10:30 horas, durante la atención de una consulta catalogada como urgente. La paciente reclamó que se anulara la prescripción activa y se habilitara una nueva, alegando que había consumido más medicación de la indicada y que se le había terminado el tratamiento.

Para hacer frente a la violencia contra los profesionales de la salud, la Junta de Andalucía creó a finales de 2025 el Observatorio de Agresiones a Profesionales Sanitarios. Este órgano asesor, aprobado por decreto en septiembre, es uno de los pocos formalizados en España y tiene como objetivo prevenir y sancionar la violencia en el sector. Está integrado por representantes de Sanidad, del SAS, del Ministerio del Interior, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y colegios profesionales de Médicos, Enfermería, Farmacéuticos, Trabajo Social, Psicología, Podología, Veterinaria, Odontología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia, con complementos en cada provincia.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. Durante 2024, los letrados del SAS realizaron 197 asistencias jurídicas a profesionales sanitarios, con 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas por delito de atentado, con penas que oscilaron entre 12 meses y tres años de prisión. Ese mismo año se registraron 362 agresiones físicas y 1.504 agresiones no físicas en centros sanitarios públicos de Andalucía, distribuidas entre hospitales (47,48%) y centros de Atención Primaria (52,52%).

UGT insiste en que la protección de la intimidad y la seguridad de los profesionales sanitarios es fundamental para garantizar un entorno de trabajo seguro y respetuoso, y reclama medidas efectivas para evitar que estos incidentes se sigan reproduciendo.