Desahuciada en Sevilla una víctima de violencia de género por las deudas de su maltratador fallecido
Mercedes Sariego, de 67 años y con una hija con una minusvalía visual grave a su cargo, sufrió maltrato antes de la Ley de 2004 y ahora ha sido expulsada de una VPO que ocupaba tras morir su ex marido
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Maltratada y desahuciada. Son las dos palabras con las que se puede resumir, muy brevemente, la historia de vida de la sevillana Mercedes Sariego, una víctima de violencia de género de 67 años que ha sido desahuciada de la vivienda de protección oficial ubicada en Pino Montano que ocupaba desde el fallecimiento de su ex marido. Hasta este lunes ha encontrado cobijo temporalmente en un hostal facilitado por la empresa municipal de vivienda, Emvisesa, en el barrio de la Macarena junto a su hija, quien padece discapacidad visual grave, pero a partir de este lunes ambas se quedan sin alojamiento.
"No sé, sinceramente, en qué situación van a quedar a partir de ahora", afirma rotundo David Andana, el abogado de Mercedes, quien agradece a Emvisesa el haber mediado en esta situación, asignándole una pensión a esta mujer y su hija, como recurso temporal hasta hoy. "Ha sido una solución verbal y desconozco si el Ayuntamiento buscará otra solución habitacional paralela porque, desgraciadamente, es una situación verdaderamente caótica", insiste.
La afectada sufrió malos tratos antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004. Cuando solicitó el divorcio en 1994, fue ella quien se vio obligada a abandonar su hogar y trasladarse con sus tres hijos a una vivienda de alquiler, tras haber sido su ex marido condenado a una multa, por lo que entonces se consideraba una falta de amenazas y vejaciones.
La vivienda en cuestión fue adjudicada por sorteo al ex marido en la década de los 80, cuando el matrimonio compartía régimen de gananciales. Tras la separación, él permaneció en el inmueble durante años sin abonar las cuotas correspondientes, lo que provocó que Emvisesa tramitara un desahucio que obtuvo sentencia firme. Sin embargo, el ex marido falleció antes de que se ejecutara dicha orden.
Cuando el hombre murió, Mercedes acudió a Emvisesa para comunicar que tomaría posesión de la vivienda, lo que le permitiría dejar de pagar el alquiler que llevaba años abonando. No obstante, el juzgado que ha dictaminado el desahucio considera que no existen fundamentos legales para permitirle continuar residiendo en ese piso de VPO.
El pasado 3 de marzo se produjo el desahucio de Mercedes de dicha vivienda y la situación llevó al límite a esta sevillana que, en una clara expresión de la desesperación que sufre, "protagonizó una ingesta masiva de pastillas para acabar con su vida", reconoce su abogado, que indica que por tal motivo tuvo que permanecer hospitalizada varios días. "Está todo documentado en el informe de alta del hospital. El día del desahucio fue encontrada inconsciente en el sofá de la casa por lo que fue internada y, por suerte, ha podido salvar su vida. La situación es dramática", recalca.
Mercedes, quien ha trabajado toda su vida en el sector de la limpieza y el cuidado de personas dependientes, cuenta actualmente con una pensión de poco menos de 1.100 euros. Su abogado solicita al Ayuntamiento que proporcione una solución a medio plazo para esta mujer y su hija con discapacidad visual, quienes se enfrentan a una situación de extrema vulnerabilidad.
"A Emvisesa no hay que reprocharle nada porque lo que ha hecho es solicitar el cumplimiento de una resolución judicial firme", argumenta el letrado. "A veces ocurren estas cosas. Hay soluciones que son legales, pero no son justas. Este caso es un claro paradigma de ello. Es legal, porque se está ejecutando una sentencia firme, pero no se puede hablar de que sea justa", sentencia.
También el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, se ha hecho eco de este caso. A través de un comunicado critica "la cruel realidad del doble machismo" que, asegura, "sigue imperando en las instituciones y en la sociedad". "Primero, el maltrato; después, el abandono institucional", afirma rotundo el edil.
El concejal de Izquierda Unida ha exigido una respuesta urgente del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía ante este caso. "Es necesario que se activen mecanismos eficaces para evitar que ninguna mujer en situación de vulnerabilidad se vea en la calle. No basta con palabras y declaraciones institucionales: hacen falta soluciones reales", ha enfatizado.
Sánchez ha recordado que Sevilla sigue teniendo un grave problema de acceso a la vivienda y ha criticado la falta de recursos municipales para ofrecer soluciones habitacionales a mujeres que han sufrido violencia machista. "Desde Izquierda Unida seguiremos luchando para que casos como el de Mercedes no se repitan, porque cada desahucio de una mujer víctima de violencia es un fracaso colectivo", concluye.
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