La Policía Nacional ha detenido a tres personas por obligar a un joven búlgaro de 18 años a trabajar en el campo en condiciones de semiesclavitud, con jornadas de sol a sol sin descanso y sin pagarle ni darle de comer. Tanto fue así que la víctima de esta explotación laboral tenía que alimentarse de lo que encontraba en la basura.

Es más, tenía incluso que pagar por la supuesta deuda que había contraído por el viaje desde Bulgaria a España. Como no podía hacerlo porque no tenía dinero, la deuda se iba incrementando cada día, según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía en una nota de prensa.

La operación policial se ha desarrollado en las provincias de Sevilla y Huelva. El joven estaba retenido en un piso de la barriada del Torrejón, de la capital onubense, y era obligado a trabajar recogiendo aceitunas en fincas de la provincia de Sevilla, concretamente en los términos municipales de Benacazón y Bollullos de la Mitación. También trabajó en otra parcela de Hinojos (Huelva).

La investigación se inició a finales del mes de octubre, a raíz de la propia denuncia de la víctima en una comisaría de Policía Nacional después de escapar de sus captores. En ella, daba cuenta de la situación en la que se encontraba. Llevaba en España desde el mes de agosto trabajando en el campo en condiciones infrahumanas y no había recibido ninguna retribución por ello.

Otra de las furgonetas decomisadas.

Este joven relató a los agentes que había sido trasladado desde Bulgaria bajo la promesa de un trabajo en el campo con unas buenas retribuciones, que aceptó dada sus necesidades personales, con el fin de conseguir algo de dinero para ayudar a su familia.

Una vez en España, la organización le tenía controlado en un piso de la barriada El Torrejón de Huelva, donde compartía la vivienda con más de ocho personas, entre ellos uno de los detenidos, que ejercía las funciones de control sobre la víctima.

Raptado en el albergue

Tras escuchar a la víctima, los policías le ofrecieron la posibilidad de alojarse en un albergue de Sevilla, donde solo permaneció un día. Desapareció al día siguiente sin dejar rastro alguno. Sin más pistas, la Policía decidió abrir una investigación para verificar la información que aportaba el denunciante y qué había podido ocurrir con él. 

Los agentes pudieron conocer que la organización contaba con al menos cinco vehículos tipo furgonetas, habilitadas para el transporte de personas, en las que trasladaban diariamente a unos 50 trabajadores, a los que explotaban laboralmente recogiendo aceitunas en diferentes localidades de la provincia sevillana.

El 27 de noviembre, los policías lograron localizar a la víctima, cuando era trasladada por la organización en una de las furgonetas, identificando a su vez a todas las personas que con él viajaban. El joven búlgaro manifestó a los agentes que, cuando fue alojado en el centro asistencial, uno de los cabecillas de la organización criminal, junto con uno de los controladores, dieron con su paradero, obligándole a montarse en un vehículo por la fuerza. Así fue trasladado directamente a la finca donde estaba siendo explotado. Por miedo y por las amenazas recibidas, no había vuelto a escaparse.

Este grupo criminal llegó hasta a privar de alimentos al joven, que tenía que alimentarse bien de lo que recogía de las basuras o bien de lo que le daban algunos vecinos puntualmente. Además de no recibir dinero alguno, la víctima debía de pagar a la organización 6 euros diarios en concepto de transporte y 50 euros mensuales en concepto de alquiler, por lo que tenía una deuda adquirida que cada vez iba en aumento.

El operativo policial culminó con la detención de tres personas, presuntas autoras de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia a organización criminal. Se llevó a cabo un registro en el domicilio de dos de los detenidos, en el que se intervinieron numerosos teléfonos móviles, material informático y dinero en efectivo.

La organización

El miembro principal de la organización, de 37 años de edad e identificado como P. A. S., se encargaba de traer a las víctimas desde Bulgaria, a las que les retiraba la documentación y cobraba 150 euros por el viaje. Ejercía un control exhaustivo sobre toda la organización.

Su hijo, de 21 años de edad, era el encargado de sustituirle controlando todo cuando su padre no se encontraba. También era quien conducía una de las furgonetas, con las que la organización trasladaba a las personas al campo donde trabajaban.

El tercer detenido vivía en el mismo domicilio que la víctima liberada y realizaba las funciones de control dentro de la organización. Además, era el que diariamente viajaba a las fincas y controlaba el trabajo de las víctimas. Dos de los arrestados han ingresado en prisión provisional.

La investigación la ha llevado la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad (Ucrif) de Sevilla y Huelva.