El empresario procesado en el caso Unidad alega que el delito ha prescrito

El gerente de Copyur y la encargada de contabilidad de esta empresa han solicitado al juez de Instrucción número 14 de Sevilla que archive la causa contra ambos porque el delito ha prescrito y porque son inocentes, una petición que se produce tan sólo unos días después de que hayan sido procesados por un delito continuado de falsedad documental en relación con el caso de las facturas falsas detectadas en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad.

El abogado Carlos Galán, que representa al gerente de Copyur, Juan González, y a la contable de esta empresa, Carmen Martín, ha presentado un escrito de reforma en el que impugna el auto de procesamiento del juez, al entender que el delito continuado de falsedad documental que se les atribuye estaría en cualquier caso prescrito, puesto que las tres facturas sospechosas (la 2.481, la 2.530 y la 5.082) fueron emitidas en el año 2003 y la inclusión de las mismas en la causa penal no se produjo hasta 2007 -en el caso de las dos primeras- y la última se detectó en el informe pericial realizado en 2011, con lo que la prescripción es "evidente".

En cualquier caso, la defensa del empresario reitera la inocencia de Copyur, por cuanto esta sociedad "emitió las facturas en las fechas que constan en las mismas y no en el mes de octubre de 2003 para que Unidad presentase justificaciones ante organismo públicos, algo totalmente desconocido por mis representados", por cuanto no es posible que en la fecha de la justificación se lleve a cabo el "gasto total" subvencionado, eso es "ilógico, absurdo e incomprensible".

Carlos Galán insistió en que, al margen de la prescripción, no existe en las actuaciones "ningún dato objetivo ni directo ni indirecto que haga presumir la posible existencia de un ilícito penal" y consideró que sus clientes "han tenido la mala suerte de encontrarse en medio de una disputa política y llevan tiempo pagando las consecuencias, sin que esta situación deba prolongarse más".

El letrado añadió que "se ha examinado con lupa" toda la documentación de Copyur y lo único que, a su juicio, puede discutirse es la existencia o no de infracciones administrativas, mercantiles y u otras que pueden ser objeto de crítica social o política -como señaló el propio juez en el auto de procesamiento-, pero "está fuera de toda duda que ninguno de mis representados ha tenido la más mínima intervención en delito alguno".

Carlos Galán reconoce en el recurso que la forma de llevar la contabilidad de Copyur en el año 2003 no era la más adecuada, pero a partir de 2004 todo es correcto y no fue hasta finales de 2008 cuando Copyur tuvo conocimiento de las "infundadas acusaciones".

El escrito solicita el archivo de la causa tanto por la posible prescripción como porque no se ha acreditado la participación de los representantes de Copyur en la comisión de ningún delito. "Jamás cometió acto punible alguno, jamás existió connivencia alguna con Unidad para cometer delito alguno, jamás estuvo al tanto de lo que Unidad hacía o dejaba de hacer con las facturas, y jamás tuvo conocimiento de las subvenciones que Unidad solicitaba", aseveró Carlos Galán.

El juez de Instrucción número 14 de Sevilla, Manuel Centeno Campoy, dictó el pasado día 15 un auto en el que acordó procesar a cinco personas por el caso de las facturas falsas de Unidad. Además de Copyur, el magistrado procesó a la ex presidente de Unidad Ángeles Nevado, a su marido, Ángel Cervera Grajera -que trabajó como asesor del Ayuntamiento y de la Diputación- y a la ex trabajadora de Unidad que realizaba funciones de contabilidad Josefa Prado. El instructor archivó la causa contra dos estrechos colaboradores del anterior alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín: el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño y el ex concejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo.