La asociación que aglutina a las empresas del sector del transporte en autobús de la provincia de Sevilla (Adetibus) exige a las administraciones públicas que tomen medidas para evitar la desaparición del sector. Para ello, han participado, junto al resto de empresas españolas, en la gran manifestación celebrada en Madrid en días pasados.

Tras siete meses de absoluto parón económico y ninguna respuesta en forma de ayudas ni planes de impulso por parte de las distintas administraciones, los profesionales del sector de transporte en bus, especialmente las empresas del transporte discrecional y turístico, se han vuelto a echar a la calle. Con unas perspectivas de cierre casi total del sector turístico, y un transporte escolar cada vez más burocratizado, las mínimas opciones de recuperación se sitúan ya en marzo del 2022.

La motivación de estas movilizaciones, con vehículos, en la capital de España ha tenido como objetivo llamar la atención de las administraciones y aumentar la visibilidad en materia de medidas o ayudas específicas para este sector económico, que se “encuentra completamente paralizado”. Tras siete meses de contactos directos, tanto con grupos parlamentarios, como con la propia Dirección General de Transportes, no ha habido respuesta alguna a las peticiones que se han planteado para salvar al sector y a sus profesionales, algunas de las cuales no suponen coste añadido a las arcas públicas.

Entre las medidas reclamadas por el sector, destaca la prórroga por 18 meses más de las moratorias en los préstamos de leasing y renting, ya que se ha constatado como insuficientes los seis meses de carencia regulados en el RDL 26/2020 de fecha 7 de julio, que algunas entidades financieras, aún a día de hoy se niegan a aplicar.

ERTES "más flexibles"

Además, se exige hacer los ERTES más flexibles y adaptados a la peculiar idiosincrasia de esta actividad económica, incluir al transporte discrecional y turístico entre los perceptores directos de las ayudas financieras del Fondo Europeo de Ayudas al Desempleo y las ayudas a fondo perdido de otras administraciones,

También se pide la ampliación a 24 meses del periodo de carencia de los créditos con aval ICO; medidas de ampliación de utilidad de vehículos, para o que debe establecerse la edad para transporte escolar de 16 a 18 años, como está a nivel europeo; y ayudas directas a fondo perdido a las empresas por parte de las diferentes administraciones públicas.

Ante el "continuo abandono al sector", y la despreocupación por parte de la Administración a la hora de atender este tipo de medidas, razonables y totalmente aplicables a la situación actual, Atedibus exige que se tomen medidas de inmediato para evitar la desaparición de las 80 empresas del sector y de sus más de 2.000 trabajadores.