La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó este jueves el Plan de Acción Integral contra la Trata, la Prostitución y otras formas de Explotación Sexual 2010-2015, antesala de la ordenanza municipal que, junto a este programa, intentará "abolir" la prostitución en la ciudad con la defensa de los Derechos Humanos de las "víctimas" de este fenómeno y la imposición de sanciones de entre 750 y 3.000 euros a los proxenetas y "consumidores".

El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, acompañado de las concejales de Mujer y Hacienda, María Dolores Rodríguez y Nieves Hernández respectivamente, presentó en el Ayuntamiento este programa de marcado carácter "abolicionista" y que debe servir de base para una ordenanza "ya prácticamente" culminada por el Consistorio hispalense. Así, comenzó recordando que la prostitución no es ilegal en el ordenamiento jurídico español, pero sí el "lucro" a través de la prostitución ajena y especialmente con la participación de menores.

Sánchez Monteseirín destacó el "enfoque abolicionista" de este plan dedicado a erradicar "la forma de esclavitud más antigua del mundo", porque las mujeres y menores que ejercen la prostitución se han convertido en "las esclavas del siglo XXI" y este negocio "reduce a la mujer a un mero objeto de mercancía". Al respecto, el primer edil recordó que un informe elaborado en 2007 en cuanto al alcance del fenómeno de la prostitución en Sevilla refleja que se trata de una práctica "asociada a la pobreza y a las situaciones de precariedad" en el caso de las mujeres, implicando en muchos casos "violencia" por parte de clientes o proxenetas.

Sin "criminalizar" a las prostitutas

Se trata, según dijo, de un "modelo erróneo y lesivo", porque este negocio ocasiona "daños psicológicos y exclusión social" a las mujeres que toman parte de él, quienes muchas veces son víctimas de "violencia" como consecuencia de su "vulnerabilidad". Es por eso que este plan "en ningún caso criminaliza" a las mujeres que ejercen la prostitución, sino que se orienta a la defensa de sus Derechos Humanos, la propuesta de "alternativas" para cambiar su 'modus vivendi'.

Las sanciones, según aclaró el alcalde, serán impuestas "exclusivamente al prostituidor y al consumidor en los espacios públicos", toda vez que se promoverán "medidas" contra los "establecimientos" relacionados con las formas de prostitución con la "posible revocación de sus licencias" y se actuará contra las "formas de publicidad". En este punto, el alcalde hispalense censuró la "hipocresía social" de los medios de comunicación que recogen "anuncios por palabras" vinculados a este negocio.

De tal manera, el primer edil manifestó el compromiso del Ayuntamiento para consignar un "gasto plurianual" con destino a este programa "integral" de actuaciones contra la prostitución que comenzará con actuaciones de "información y sensibilización" para luego pasar a la detección de las "víctimas" de este fenómeno o las personas "en situación de riesgo" como consecuencia de sus circunstancias.

Medios millón para comenzar

Nieves Hernández, de su lado, explicó que el presupuesto de 2010 contemplará una partida de 500.000 euros para poner en marcha este plan e insistió en que la ordenanza está "a punto de salir a la luz", si bien destacó su complejidad y su carácter "poliédrico" al implicar a un gran número de delegaciones del Ayuntamiento. Igualmente, reconoció que en base a este plan, se deben "implementar" algunas "ayudas" para las mujeres que "quieran abandonar el círculo vicioso" de la prostitución y cuyas circunstancias obliguen a activar prestaciones sociales.

La directora del área de Mujer del Consistorio, Victoria Olías, de su lado, explicó la necesidad de aprobar la mencionada ordenanza, que precisamente contemplará expresamente las sanciones a imponer. En cuanto a este aspecto concreto, consideró que la máxima pena sería aplicada, en el caso de los clientes, a quienes "soliciten" estos servicios en la vía pública y cerca de menores de edad.

En lo que a los prostíbulos se refiere, señaló que dentro de las "competencias" del Ayuntamiento es posible combatir su funcionamiento a través de inspecciones que determinen qué locales desempeñan su actividad conforme a la naturaleza de la licencia de apertura concedida por el Consistorio. Así, relató que el Ayuntamiento ha detectado cómo negocios que funcionan con licencias de sala de fiesta albergan en su interior habitaciones especialmente preparadas para el negocio de la prostitución.