Los odontólogos que trabajaban para Idental valoraban, en la primera visita, si el paciente era apto o no para ser tratado con prótesis fijas o implantes, tratamientos mucho más costosos que las técnicas conservadoras. Los casos no aptos para ser sometidos a implantes o bien eran rechazados por la clínica o bien se les ofrecía el tratamiento con implantes, pese a que esta no fuera la opción idónea. Este modo de seleccionar a los pacientes es calificado como “alarmante” por el inspector médico que se encargó en 2017 de investigar a las clínicas Idental en Sevilla.

Los damnificados vuelven a pedir soluciones al problema sanitario

Los odontólogos de Idental, que en su mayoría eran profesionales sin experiencia sometidos a la precariedad laboral y a una elevada presión asistencial, seguían unas directrices basadas en dirigir a los pacientes hacia “los tratamientos más caros que la clínica ofertaba”. En determinados pacientes ni siquiera se contemplaban otros tratamientos protésicos más conservadores (y económicos), llegándose a extraer, en estas consultas, dientes que los pacientes podían conservar. Estas extracciones de piezas dentales innecesarias son daños irreparables en la salud bucodental de los afectados. En Sevilla pueden ser casi 30.000 los damnificados por las irregularidades cometidas en las dos clínicas que funcionaban en la capital (La Cartuja y Nervión). El inspector médico de la Junta de Andalucía, que advirtió en dos informes de esta cadena de mala praxis en Idental, afronta ahora un expediente sancionador que ha incoado recientemente la Delegación Territorial de Salud.

Las advertencias y recomendaciones que el inspector médico dirigió a sus superiores y a otras autoridades sanitarias no fueron atendidas. Y ahora el funcionario público afronta un proceso disciplinario por “desobediencia a las órdenes” en el caso Idental. El movimiento de Marea Blanca y la Asociación Sevillana de Afectados de Idental han mostrado un rechazo frontal a este procedimiento sancionador. “Ahora castigan al único que atendió a nuestros problemas de salud y que recomendó el cierre de las clínicas. No le hicieron caso y ahora lo castigan”, denuncia el portavoz de los afectados.

Las clínicas de esta cadena de odontología de bajo coste continuaron abiertas durante meses, pese a las advertencias del inspector médico que recomendó su cierre. Estas consultas odontológicas recibieron a nuevos pacientes durante meses hasta que cerraron definitivamente, de facto, en mayo pasado. El informe que en 2017 destapó el escándalo Idental se basa en una investigación in situ realizada por la inspección sanitaria en las dos clínicas y en el estudio pormenorizado de medio centenar de casos que interpusieron reclamaciones en la Junta de Andalucía. 16 de estos pacientes fueron valorados por odontólogos independientes del SAS. Sólo dos pacientes que reclamaron en 2017 han recibido los informes del SAS en los que se detalla su situación de salud, documentos clave para su recuperación y para interponer denuncias en los juzgados.

La mayoría de los afectados que han interpuesto reclamaciones aún no han recibido respuesta del SAS en lo que respecta a sus problemas de salud. “Los pacientes que lo requieran pueden solicitar los resultados –los estudios independientes que se realizaron durante la investigación del inspector– por escrito a la Delegación”, dicen fuentes oficiales de la Consejería de Salud.

“Nuestro problema es sanitario. La Consejería de Salud, que no atendió a las advertencias hace un año, tampoco se ha hecho cargo de nuestros problemas de salud ahora. Nos remiten a los médicos de familia, y ellos nos derivan a odontólogos. Los dentistas del SAS no se encargan de estos tratamientos y, ni siquiera, tienen instrumental”, asevera Benito Lupiáñez, presidente de ASAI. De momento, los afectados han recibido “buenas palabras” de las autoridades sanitarias pero exigen soluciones reales. “Hemos pedido, una y otra vez, una partida de emergencia para este problema de salud”, insisten desde ASAI.

“Los afectados rechazamos el juicio paralelo al inspector”

La Asociación Sevillana de Afectados Idental (ASAI) ha mostrado su “más absoluto rechazo al expediente abierto” contra el inspector que alertó hace más de un año de las irregularidades y de los daños a la salud en las clínicas Idental. Además, ante la omisión de actuaciones por parte de las autoridades sanitarias pese a las advertencias, “desde ASAI exigimos el cese o dimisión de estos responsables por su presunta negligente actuación, independientemente de las medidas administrativas y judiciales que en su día se tomen desde la Audiencia Nacional”.

Además, los afectados “reiteran públicamente la necesidad de que desde las instancias sanitarias públicas se garanticen los diagnósticos y tratamientos precisos”, además de “los informes de peritación que necesiten para sus denuncias por los daños a la salud que le han provocado”. Según ASAI, el escándalo Idental es “un presunto caso de dejación de funciones o de negligencia cometidos por directivos de la Consejería de Salud”, que teniendo informes sobre las irregularidades no adoptaron medidas. El caso se encuentra en la Audiencia Nacional.

Los damnificados reciben presiones de las financieras

Pese a las peticiones que las autoridades de la Junta de Andalucía han realizado a las entidades financieras implicadas en el caso Idental para que dejen de cobrar las facturas a los pacientes por tratamientos que han dejado recibir, muchos afectados están recibiendo presiones de los bancos.

“Los que hemos acudido a Idental no tenemos recursos, y muchos hemos financiado los tratamientos a través de terceras personas, familiares, que sí tienen nóminas y pueden firmar un crédito. Esto provoca que muchos afectados hayamos optado por seguir pagando porque no queremos que perjudiquen a los familiares que nos han ayudado”, explica Benito Lupiáñez, portavoz de ASAI.

La Asociación Sevillana de Afectados por Idental ha constatado que entre los afectados hay casos que están recibiendo presiones por las entidades financieras para continuar con los pagos de los tratamientos. Desde la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud, una de las principales líneas de trabajo es, según explicó la Junta de Andalucía, la mediación con las diferentes entidades prestamistas que trabajaban con la cadena Idental para financiar los tratamientos de sus pacientes, con el objetivo de asegurar la suspensión inmediata del cobro del crédito al consumo concertado, para que las personas afectadas por el cierre de las clínicas no tengan que seguir abonando estos servicios que no están recibiendo. Pese a los numerosos escritos remitidos, el problema de Consumo persiste en muchos casos, ya que los afectados se ven abocados a seguir afrontando las facturas para evitar, entre otras consecuencias, entrar en los registros de morosos.

Los portavoces de los afectados están esperanzados en que el magistrado José de la Mata, que ha asumido el caso en la Audiencia Nacional, adopte medidas en este presunto fraude y posible delito contra la salud púbica.