Algunos investigadores sostienen que no se debe juzgar una investigación únicamente por los resultados obtenidos, porque esta visión podría presentarse a priori bastante simplista. Lo cierto es que, con independencia de esa primera valoración, una investigación que ni siquiera ha podido hallar el cuerpo del delito no puede quedar como un ejemplo a seguir, por muy minuciosa y completa que haya sido la labor policial y judicial. Y esto es lo que ha ocurrido con la investigación por la desaparición de Marta del Castillo. Esta semana, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, ha dado prácticamente por cerrada la instrucción del sumario sin que, lamentablemente, se haya podido localizar el cadáver de la joven sevillana.

No puede reprochársele ni a la Policía ni al juez instructor de la causa el empeño en descubrir la verdad que han mantenido a lo largo de estos nueve meses que han transcurrido desde el asesinato de Marta, pero a pesar de esos esfuerzos no hay duda de que la investigación se ha malogrado. La culpa de que no aparezca el cuerpo no puede centrarse en los investigadores, porque en la causa judicial hay cuatro adultos imputados -más el joven de 15 años que está internado en un centro de menores- que, lejos de mostrar su colaboración, no han hecho sino enturbiar la investigación, con continuos cambios de versión, como en el caso de Miguel Carcaño, de quien hay que recordar que ha cambiado hasta en cuatro ocasiones de testimonio. Todo ello ha desembocado en búsquedas infructuosas desarrolladas en el río Guadalquivir, el vertedero de Alcalá de Guadaíra, y la última, en septiembre pasado, en una zanja próxima a la vivienda de Camas donde residía hasta hace unos días la ex novia de Miguel.

El cierre de la investigación, que por otra parte era lógico -desde hace varias semanas no se practica ninguna diligencia de especial interés para el esclarecimiento de los hechos-, sigue sin convencer a Antonio del Castillo y Eva Casanueva, que se afanan en reclamar a las autoridades policiales y judiciales que no cejen en la búsqueda del cuerpo de su hija. Sólo si se recupera el cadáver, la familia podría obtener un mínimo consuelo.

Aunque no se le dé publicidad, la Policía no ha parado de buscar durante todo este tiempo el cuerpo de Marta, cuyo hallazgo podría resolver algunas dudas sobre los hechos que ocurrieron el 24 de enero en el piso de León XIII, de un lado, y contribuir a despejar otras incógnitas sobre las posibilidades de lograr una condena por asesinato cuando no se dispone de las evidencias científicas que arroja la autopsia.

La ausencia del cadáver no supone, en principio, que no pueda lograrse una condena por asesinato, sobre todo si, como sucede en este caso, se cuenta con la confesión del presunto autor, Miguel Carcaño, a pesar de sus continuos cambios de declaración. El secuestro del empresario Publio Cordón, donde hubo una condena de los responsables de su desaparición a pesar de que no se halló el cuerpo, confirma esta posibilidad.

En el caso de Miguel Carcaño el jurado que se encargue de enjuiciar el caso podría llegar sin más complicaciones a un veredicto de culpabilidad. Con el resto de los imputados hay más dudas, porque las sospechas de los investigadores puede que no estén respaldadas por pruebas irrefutables.

El jefe superior de Policía, Enrique Álvarez Riestra, defiende que no ha visto otra investigación tan exhaustiva como la de Marta del Castillo, en la que se han recopilado 153 evidencias biológicas, más de 30 perfiles genéticos, 150 declaraciones y una cantidad de dinero como no se ha destinado a otra investigación por asesinato. Pero todas esas evidencias biológicas no pueden hacer desviar la mirada respecto a que únicamente han sido hallados restos de sangre en la cazadora del asesino confeso.

El juez de Instrucción número 4 ha dado ahora el último paso en el procesamiento de Miguel Carcaño y los otros tres adultos imputados. El magistrado ha concedido un plazo de cinco días -que expira el martes- a los abogados personados en la causa para que soliciten la práctica de nuevas diligencias, un trámite que todavía puede aportar algunas sorpresas en esta ajetreada instrucción judicial. Una vez que las partes pidan esas diligencias y el juez resuelva sobre la procedencia de las mismas, la Fiscalía de Sevilla y la acusación particular que ejercen los padres de Marta podrán solicitar la apertura de juicio oral contra los cuatro imputados, que se enfrentan a cargos que oscilan entre el asesinato y la violación que se atribuye a Carcaño al encubrimiento o la profanación de cadáveres para los otros implicados. En la próximas semanas, la Fiscalía presentará su escrito de conclusiones provisionales, en el que podría reclamar una condena que supera los 20 años de cárcel en el caso de Miguel Carcaño, imputado por delitos de violación y asesinato.

Mientras tanto, el instructor todavía tendrá que zanjar algunos flecos de la instrucción, como pronunciarse sobre la petición de libertad de Samuel Benítez, a quien Carcaño acusó en su última declaración de desprenderse del cuerpo usando un vehículo de un familiar. El juez ya ha rechazado dos veces su puesta en libertad, a pesar de que se aproxima al límite de cumplimiento máximo de un año, en unos tres meses. El menor tendrá que pasar a un piso tutelado en unos días. También queda por decidir si el caso será enjuiciado por un jurado popular o un tribunal compuesto de jueces profesionales, dado que el hermano del asesino confeso ha recurrido ante el Tribunal Supremo para que el caso no lo juzguen los ciudadanos. Todo esto retrasará el juicio, como pronto, hasta después del verano de 2010.