Casi 3.000 inversores están a la espera de que el Ayuntamiento de Sevilla les otorgue los permisos necesarios para abrir un negocio en la ciudad hispalense. El trámite establecido para lograr una licencia de apertura provoca que la demora alcance en algunas ocasiones hasta los nueve años, una tardanza que en la pasada campaña electoral se convirtió en tema de debate ante la necesidad de agilizar un procedimiento clave para atraer inversión privada a la capital andaluza.

Por este motivo, el gobierno local presentó ayer los datos de julio relacionados con el número de expedientes que se han resuelto durante este mes (la mayoría relacionados con el sector hostelero), donde ya se ha conseguido que el proceso se reduzca en 33 días, una disminución aún insuficiente si se tiene en cuenta que desde que se presenta la documentación necesaria para poner en marcha una actividad comercial hasta que se abre el negocio se tarda una media de dos años. Demasiado tiempo para una ciudad donde la crisis está causando verdaderos estragos.

La lista de inversores que se encuentran en estas circunstancias está conformada actualmente por 2.919 solicitantes, según informó ayer el portavoz del gobierno municipal, Francisco Pérez. Esta cifra era aún mayor hace casi dos meses y el Ayuntamiento la ha reducido en 295 peticionarios, que corresponden al número de licencias que se han tramitado en el pasado mes. De ellas, unas 96 se encontraban a falta sólo de la última firma antes de que la nueva corporación municipal tomara posesión el 11 de junio. Esta rúbrica supone el último paso para que se ponga en funcionamiento una actividad comercial, de ahí que el propio Ayuntamiento no entienda el motivo de dicha dilación. Algunos de estos expedientes llevaban, incluso, esperando desde 2002. En total, de estas 96 licencias, 49 eran iniciales (con las que ya se puede abrir un negocio), 22 por procedimiento abreviado (para aquellos locales que no superen una determinada superficie) y 25 finales (con todos los requisitos exigidos). A ello se suman 406 cambios de titularidad que el anterior gobierno había dejado como herencia al equipo de Zoido.

La gestión de la delegación de Urbanismo y Medio Ambiente, que dirige el popular Maximiliano Vílchez, no se ha quedado en dar salida a estos 96 expedientes "atascados", sino que durante estos 31 días ha dado respuesta a otros 98 que estaban más atrasados en su tramitación. De ellos, 7 han sido por procedimiento abreviado, otros 18 por la fórmula de licencia inicial y 37 por otro tipo de vía, a los que hay que añadir 36 que también estaban atrasados y no estaban registrados dentro de los 96 a los que aludió el portavoz de gobierno. Además, se han resuelto 126 cambios de titularidad de los 406 pendientes. Por tanto, han sido 295 las licencias que se han facilitado en un mes, lo que supone un aumento del 87% respecto a la media de ejecución de la anterior corporación formada por PSOE e IU, según señaló Francisco Pérez.

De igual modo, se ha comenzado a gestionar otros 57 expedientes para los que ya se están elaborando los informes necesarios de Urbanismo, Medio Ambiente y Seguridad. Si esto se suma a las licencias otorgadas, el número de expedientes sobre los que se ha trabajado es de 352, lo supone un aumento de 113 (47%), respecto a lo que se venía haciendo hasta ahora.

Para el portavoz del gobierno, la "agilización" en estos trámites responde al "cambio de actitud de los funcionarios con la llegada de la nueva corporación", a lo que añade "la unificación de áreas" y el "empeño" del nuevo director general de Medio Ambiente, Joaquín Peña. Además, Pérez indicó que la reducción de la espera se ha producido en verano y con un modelo que "no es el más óptimo". Sin embargo, la tardanza del trámite sólo se ha recortado en 33 días, por lo que un negocio en la capital no logra ponerse en marcha antes de dos años.