La juez de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga la presunta trama de fraude a la Seguridad Social orquestada en la empresa Mersant Vigilancia, indaga ahora si los responsables de la empresa también pagaron sobornos a funcionarios de Hacienda y de la Seguridad Social. Esta rama del caso surge a raíz de la declaración ante la Policía de al menos tres trabajadoras de la compañía de seguridad privada.

Una de ellas aseguró que "durante un tiempo entró dinero en la empresa de los pagos de los clientes, ya que se habían conseguido levantar los embargos que obraban sobre las cuentas". Esto fue obra de un abogado de Sevilla que era amigo del dueño de la empresa en la sombra y del empresario de Carmona que terminó adquiriendo la empresa. "Al parecer había sobornado a funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria para que expidieran certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones con ambos entes públicos, sin ser esto cierto", expuso esta mujer.

Según esta misma declaración, el contable de Mersant le entregaba al abogado "unos cheques con dinero que luego él se encargaba de cobrar en el banco y con ese dinero pagar los sobornos a los funcionarios de Hacienda y la Seguridad Social". Uno de estos cheques, según consta en el sumario del caso, era de un importe de 30.000 euros y se libró en los "meses de diciembre de 2021 o enero de 2022". El abogado supuestamente se encargaba de conseguir los certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias de la empresa.

Durante la pandemia, el contable solicitó préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para todas las empresas del grupo por encargo de F.C.S.. Estas ayudas fueron concedidas y se utilizaron las cantidades que se ingresaron para ponerse al día con la Seguridad Social y Hacienda, según destacó otra empleada de la compañía.

Otra de las trabajadoras aseguró que conocía que Mersant y otras empresas asociadas a ella "tenían unas deudas muy elevadas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, y por ello las cuentas de esas empresas eran sometidas a embargos preventivos". Sin embargo, vio certificaciones que acreditaban que Mersant Vigilancia estaba al corriente de pago con la Agencia Tributaria. Al conectarse al sistema red de la misma (al que se accedía con el certificado digital de la empresa) "podía comprobar que la deuda que había pendiente de satisfacer seguía existiendo".

La empleada aseguró que dichas certificaciones se obtenían en unos determinados momentos en los que aparecía que la empresa aparentemente no tenía deudas. Eran tres las personas que le indicaban cuándo tenía que conectarse para descargar los certificados. Una de estas tres personas era el director de seguridad de la compañía y propietario de la misma en la sombra, F.C.S. 

Mersant Vigilancia estaba administrada por la mujer de F.C.S., ya que F.C.S. estaba inhabilitado para administrar empresas tras llevar a la quiebra una sociedad anterior, Kappa Vigilancia. La Policía detuvo al matrimonio a finales de diciembre, después de que vendieran Mersant a un empresario de Carmona que les había prestado un millón de euros, y ellos no pudieran pagar la deuda. Esto, para los investigadores, supone un delito de alzamiento de bienes o frustración de la ejecución.

Mersant acumuló una deuda con la Seguridad Social de más de seis millones de euros. A pesar de ello, la empresa seguía optando a créditos y ayudas públicas y figuraba al corriente de pago en determinados momentos. Esto llamó la atención de la trabajadora, que declaró a la Policía que cuando F.C.S. y dos personas más (uno de ellos el contable) "le ordenaban que se descargase los certificados de estar al corriente con la Agencia Tributaria, éstos aparecían sin deuda, y que si los comprobaba sin que ellos le dijeran nada, siempre figuraba endeudamiento".

La mujer también destacó cómo otro de los responsables de la empresa "conseguía, con cierta agilidad, los aplazamientos de la deuda sin cumplir los requisitos para su concesión, llegando a concederle hasta tres en un año". Tras esta declaración, el Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF de la Policía de Sevilla envió un informe al juzgado solicitando el auxilio de la Agencia Tributaria para "demostrar el ocultamiento a la Hacienda Pública y el patrimonio asociado a cada una de las personas investigadas" en el caso.

La Policía identifica dos organizaciones criminales en el caso Mersant, una de ellas liderada por F.C.S. y encaminada a defraudar a la Seguridad Social, y otra dirigida por un empresario y prestamista de Carmona que se terminó haciendo con la empresa y creando otra nueva sociedad, Urcon Security, para seguir operando con los mismos servicios que Mersant.

En el primer caso, los investigadores concluyen que F.C.S. constituyó Mersant Vigilancia "con la intención de dar continuidad" a la actividad empresarial que desarrollaba a través de Kappa Vigilancia y Protección, que había llegado a la quiebra y generado más de un millón de euros de deuda a la Seguridad Social, y eludir así el pago de sus cuentas pendientes.

"Los periodos en que se acumula más deuda a la Seguridad Social coinciden con periodos de mayor crecimiento económico de las entidades investigadas, con cantidades cercanas a los 90 millones de euros de ingresos declarados y cerca de 200 millones de volumen de entrada de dinero en sus cuentas bancarias", apunta uno de los atestados que figura en el sumario del caso.

En julio de 2017 se constituyen las sociedades Traves Process y Seguridad y Protección Thor, que son adquiridas por F.C.S. y su hermano a través de dos testaferros. "La hipótesis es que los hermanos crearon Traves Process para ocultar fondos distraídos de la Seguridad Social valiéndose para ello de la colaboración de miembros de su familia (cónyuge, cuñado y suegro) y dos testaferros de su confianza", explica el informe de la Policía.

Los hermanos aportaron inmuebles de Traves Process al capital social de una empresa de un empresario de Carmona, al que cedieron el negocio de Mersant en compensación por una deuda de 1,4 millones de euros contraída por F.C.S.. El empresario de Carmona que se hizo con Mersant, y que siguió operando a través de Urcon, lideraba una segunda organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Esta red disponía de una compleja trama societaria compuesta por más de 80 entidades y más de 35 testaferros. Blanqueaban presuntamente el dinero de la droga a través de operaciones inmobiliarias (se investiga si compraron un castillo en Paterna del Campo), de compraventa de vehículos y de operaciones de crédito bancario. En toda esta trama era clave el papel que jugaba la directora de una sucursal de un conocido banco en Dos Hermanas, donde se ejercían las labores de blanqueo.

El informe policial aporta fotografías de esta mujer en una fiesta de cumpleaños del gerente en la sombra de Mersant. Para su cuarenta cumpleaños, celebrado en mayo de 2020, F.C.S. contrató al grupo OBK. En esa fiesta, según aseguraron varios testigos a este periódico, estaban un inspector de la Policía Nacional en Madrid y un cargo intermedio de la Guardia Civil de Sevilla, entre otros.

A pesar de las deudas que iba adquiriendo su empresa, los dueños de Mersant Vigilancia adquirieron bienes inmuebles por más de 500.000 euros, lo que evidencia para la Policía "un notable poder adquisitivo". Lo hicieron presuntamente a través de un testaferro que figuraba como titular de una sociedad interpuesta. 

"A través de esta sociedad, y en un periodo de no más de cuatro años, se llevaron a cabo operaciones de compra de bienes inmuebles por una cuantía ligeramente superior a los 500.000 euros", dice el atestado del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF. Además, adquirieron acciones del Betis por unos 18.000 euros, que luego vendieron por 67.100 euros.