El juez de lo Mercantil 1 de Sevilla ha rechazado, por su "inviabilidad objetiva", la propuesta de convenio de acreedores en la suspensión de pagos de la inmobiliaria Contsa, que tiene 1.653 afectados y un déficit de 87 millones de euros.

Fuentes del caso han informado que el juez ha rechazado la propuesta de convenio pese a que reunía las adhesiones previstas por la ley, y en el que el dueño de la empresa, José Salas Burzón, se comprometía a pagar el 5% de lo invertido al final del primer año y el 50% de la inversión en cinco años.

Según el balance de los administradores judiciales, Salas Burzón dejó la empresa con un déficit de 87,3 millones de euros, pues tiene un activo de 31.696.633,66 euros y un pasivo de 118.998.202,24 euros que debe a 1.653 inversores, en su mayor parte pequeños ahorradores.

Esta causa mercantil se ha desarrollado de manera paralela a la penal, en la que la Fiscalía presentó en octubre un escrito de acusación en el que pide para el empresario 13 años de cárcel por presuntos delitos societarios, falsedad, estafa e insolvencia punible.

Ahora, el juez de lo Mercantil ha aceptado la posición de los administradores judiciales de Contsa, que se opusieron al convenio por su "inviabilidad objetiva" y por incumplir la Ley Concursal, en una decisión que es recurrible ante la Audiencia provincial en un plazo de 20 días.

En caso de que sea confirmada la resolución, se abriría la fase de liquidación de la empresa y la pieza de calificación del concurso para determinar si fue culpable o fortuito, han informado las citadas fuentes.

Entonces la administración concursal, la Fiscalía y los representantes de la propia empresa propondrán su respectiva calificación, que puede dar lugar a responsabilidades penales, inhabilitación o incluso responsabilidad personal del empresario para asumir el coste del concurso.

El convenio de acreedores, propuesto por el dueño de la empresa, José Salas Burzón, fue aprobado inicialmente por el propio juez en septiembre del 2011 al reunir la mayoría de adhesiones legalmente establecida.

Salas Burzón, que pasó dos años encarcelado, contó además con el apoyo de la Unión de Acreedores de Contsa, que afirma reunir a la mayor parte de los 1.653 inversores afectados.