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Ordenanza de animales de Sevilla

La limpieza de los orines de los perros será obligatoria desde principios de marzo

  • La normativa saldrá publicada en el BOP tras el respaldo de la oposición en bloque

Una mujer camina junto a su perro por el Puente de la Barqueta. Una mujer camina junto a su perro por el Puente de la Barqueta.

Una mujer camina junto a su perro por el Puente de la Barqueta. / Juan Carlos Vázquez

Calles sin orines de perros. Ese es el objetivo que persigue el gobierno socialista y para eso obligará a todos los dueños de animales a llevar una botella de agua mezclada con productos desinfectantes desde principios de marzo siempre que los saquen a la calle para evitar desperfectos en el mobiliario urbano. Ésta es una de las principales novedades que aparecen en la nueva ordenanza municipal de protección, bienestar y tenencia de animales que fue votada ayer en el Pleno y tuvo el respaldo de todos los partidos de la oposición. Ahora toca que salga publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Hasta el momento, los propietarios sólo estaban obligados a recoger los excrementos de sus mascotas, ya que el asunto del orín era algo ambiguo, por lo que los agentes municipales no habían sancionado a ningún ciudadano. Las multas irán desde los 75 a los 500 euros al considerarse una infracción leve. La normativa introduce otra novedad, exime de la obligatoriedad de recoger los excrementos de los perros guías a las personas ciegas.

Contempla multas para los infractores que oscilan entre los 75 y 500 euros

Durante la presentación de la ordenanza de mascotas el verano pasado, el equipo de Juan Espadas sostuvo que se había descartado el uso de esta botella porque podrían producirse “charcos que provocaran la aparición de aves”. Sin embargo, esta medida ha sido reclamada por diferentes grupos vecinales de la ciudad, ya que consideran que resulta complicado para los servicios de limpieza poder actuar con inmediatez, convirtiéndose más en un problema de civismo que de control municipal.

Este proyecto es el resultado de un trabajo participativo durante meses y fue aprobado por unanimidad en el Consejo de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de Sevilla (Compba), órgano consultivo conformado por distintas entidades comprometidas con la defensa de los animales, el Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla, la Junta de Andalucía, varias áreas del Ayuntamiento, entre ellas la Policía Local, y los grupos políticos.

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