3.200 morosos acreditados

La morosidad tiene muchas caras. En el parque de vivienda pública que tiene la Junta de Andalucía en la provincia de Sevilla, el retraso en el cumplimiento de un pago alcanza a más de 3.200 inquilinos. La deuda en concepto de alquiler suele ser forzada por circunstancias adversas, aunque también están los que actúan de mala fe.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha puesto en marcha una serie de medidas para aliviar la carga económica que supone para los inquilinos vivir en una propiedad pública en régimen de alquiler (renta, pago de comunidad o gastos residenciales) a aquellos que acrediten dificultades de pago y requieran una intervención social para no caer en el impago de las cuotas acordadas. Los precios oscilan entre 25 y 60 euros.

Esas medidas de ayuda pasan por la reducción de la renta mensual; el aplazamiento de la repercusión de conceptos como impuestos y tasas; o el aplazamiento de compromisos de abono de deuda. "Como consecuencia de la crisis económica, algunas de estas familias tienen muchas dificultades para hacer frente a las obligaciones de pago", indican desde la Consejería de Fomento y Vivienda.

Los inquilinos esgrimen la imposibilidad de poder afrontar el pago al carecer de recursos debido a su situación de desempleo o la falta de ingresos mínimos de prestaciones públicas, como el salario social o el subsidio agrario. La mayoría de los impagos suelen ser temporales y se corresponden con deudas de escasa cuantía. "La Administración pública no puede agravar situaciones dramáticas desahuciando a quien ya lo ha perdido todo, a quien no paga porque no puede pagar. Hemos comprobado que hay inquilinos que no pueden pagar, pero quieren hacerlo. Lo que puedan".

Para asegurar el cobro de los alquileres a aquellos inquilinos que vuelven a poder hacer frente al pago de las rentas, la agencia les reclama mediante los oportunos requerimientos su abono y los pendientes. Con el recibo mensual giran el atrasado. Responsables de la Junta señalan que este procedimiento de recordar permanentemente las deudas "ha propiciado que durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015 no se haya resuelto ningún desahucio administrativo por la causa indicada de impago de rentas".

Cuando una familia debe más de tres recibos, la agencia articula un protocolo de intervención para intentar asegurar los compromisos de abonos de deuda, analizando con detalle la situación socioeconómica para determinar si está o no justificada la ausencia de pago. Para los que actúan de mala fe, la Consejería se ha propuesto combatir esa morosidad deliberada. "Somos rigurosos en la vigilancia de los malos usos de las viviendas públicas. Es intolerable que no estén al servicio del derecho a la vivienda de las familias que más las necesitan". En los últimos dos años, la Consejería ha abierto numerosos expedientes a inquilinos que han dejado de pagar sin justificación o están utilizando las viviendas sociales para pasar las vacaciones de verano.