Dos ocupas se instalan en un piso precintado por ser la escena de un crimen en Sevilla

Una pareja de ocupas se instaló hace unas semanas en una vivienda de Sevilla que se encontraba precintada por orden judicial. El piso fue la escena de un homicidio cometido el pasado mes de mayo de 2021 y seguía todavía con la orden de que nadie ajeno a la investigación pudiera acceder a él. Se trata de la vivienda en la que fue asesinada María del Carmen A. S. J., una mujer discapacitada de 67 años conocida como Kuki, a la que presuntamente mató su sobrino político.

Es un domicilio ubicado en un bajo del número 8 de la calle Corral de los Barquilleros, en Pino Montano. El crimen se produjo durante la madrugada del 27 de mayo de 2021, unos días después de que el sobrino político de la víctima la empezara a visitar y pernoctase en su casa.

Tras varios días frecuentando la vivienda, María del Carmen fue estrangulada en su piso y el presunto autor del crimen fue detenido por la Policía Nacional pocas horas después. El caso sigue estando bajo investigación judicial y todavía no se ha celebrado el juicio, de ahí que la vivienda continuase con el precinto.

A pesar de ello, en la vivienda ha habido varias intrusiones antes de que los ocupas se instalaran en ella. La primera vez, en junio de 2021, alguien accedió al domicilio por la ventana del salón, que tiene una reja rota. Ya este intruso se saltó el precinto policial. Los vecinos creen que lo hizo para robar un televisor de plasma, que era el objeto de más valor que había dentro.

El piso tiene un acceso relativamente fácil desde la calle, pues el salón tiene una gran ventana que da hacia el portal del bloque. Por eso, también ha sido la tentación de indigentes y toxicómanos, que buscaban un refugio ocasional en la zona, pero que fueron espantados por algunos vecinos, que amenazaron con llamar a la Policía. El segundo robo ocurrió el pasado mes de septiembre, cuando unos ladrones sustrajeron uno de los tres aparatos de aire acondicionado que la víctima tenía colocados en la fachada.

Finalmente, antes de Navidad, una pareja decidió ocupar el piso e instalarse en él, entrando por la ventana de la cocina, que también tenía la reja rota. Algunos residentes creen que han contado con la ayuda de algún vecino e incluso aseguran que les ha facilitado una copia de las llaves del portal y cancela del edificio. Los ocupas cambiaron la cerradura de la vivienda.

Días después de la ocupación, se produjeron los enganches ilegales de luz y el agua a los contadores de la comunidad, que fueron alertados por los vecinos con la rápida intervención del presidente de la comunidad para solventar la situación. Los vecinos han avisado en varias ocasiones a la Policía y el caso ha provocado una crisis en la comunidad de propietarios, pues el presidente ha presentado su dimisión tras la ocupación. Se ha acordado que la comunidad sea gestionada por un administrador de fincas.

Algunos de los residentes de la zona consultados por este periódico aseguran que han visto a los ocupas adecentar el piso, que estaba completamente lleno de objetos rotos y basura. También han reparado las ventanas. Incluso afirman que los ocupas han pedido que se les retire de la entrada del piso unas estructuras que se colocaron para el suministro de luz.

Los ocupas han asegurado a la Policía que tienen permiso de una familiar de la víctima del crimen, si bien el piso todavía no estaba a disposición de los parientes de la fallecida, sino precintado por orden judicial. La familia no ha denunciado la ocupación, aunque algunos vecinos sí han presentado denuncias contra los ocupas por amenazas.

La rotura del precinto judicial puede constituir un delito de desobediencia, que el Código Penal castiga con penas de tres meses a un año de cárcel. El domicilio se encuentra precintado porque puede ser necesario practicar alguna prueba relacionada con la investigación, como una reconstrucción del crimen, de manera que tendría que haberse conservado tal como quedó justo después del homicidio.