"Me arrepiento mucho de llamar a la Guardia Civil. Ellos han matado a mi hijo". Así se expresó este martes Ángel Bejarano, padre de Carlos, el hombre de 37 años que murió tras ser reducido por la Guardia Civil en Mairena del Aljarafe. El padre del fallecido y su abogado, Luis Romero, ofrecieron una rueda de prensa en la que avanzaron los últimos detalles del caso.

El letrado explicó que está aún a la espera del informe definitivo de la autopsia y que por el momento dispone de un informe preliminar, a falta del análisis toxicológico de los órganos. "Los antecedentes del caso y hallazgos de la autopsia macroscópica orientan a que la muerte de Carlos Bejarano Gallardo es debida a una encefalopatía hipóxico-isquémica secundaria a parada cardiorrespiratoria reanimada", dice este documento.

Según el abogado, el hijo de su cliente murió por la "falta de riego sanguíneo y de oxígeno en el cerebro", que él considera que se produjo como consecuencia de la presión que hicieron los guardias civiles sobre el tórax y el cuello de Carlos, durante las maniobras que le hicieron para inmovilizarlo. El letrado de la acusación calificó esta conducta de "imprudente y negligente, no dolosa", de ahí que haya solicitado que declaren los dos agentes que redujeron a Carlos como investigados por un delito de homicidio imprudente.

Romero añadió que el informe preliminar apunta a la existencia de numerosos golpes y hematomas, lo que correspondería con la versión del padre que asegura que los agentes golpearon a su hijo en reiteradas ocasiones con sus defensas (el padre asegura que lo hicieron con porras metálicas extensibles, si bien lo que se usó fueron las defensas reglamentarias) y que por eso se puso a grabar.

"La decisión de grabar fue porque vi la brutalidad con la que estaban golpeando a mi hijo", explicó Ángel Bejarano. "Si yo llego a saber que a mi hijo le iba a pasar esto, jamás hubiera llamado a la Guardia Civil. Me arrepiento mucho de haberla llamado. A mi hijo le dieron muchos porrazos y por eso tomé la decisión de grabar. No sé si hice bien o no, pero yo creo que deben de pagar lo que han hecho con mi hijo".

El padre del fallecido admitió que había habido una pelea previa entre él y su hijo en el interior de la casa, que él había llamado al 112 para pedir ayuda y que, al llegar al lugar de los hechos, su hijo arrojó un martillo, que impactó contra la cancela de la casa. Carlos había consumido cocaína y se encontraba fuera de sí. Sobre la estancia de su hijo en el hospital durante una semana, Bejarano indicó que "sabía desde el principio que mi hijo había fallecido".

El abogado también ha pedido que comparezcan como testigos el resto de agentes de la Guardia Civil que participaron en la intervención, así como los sanitarios que acudieron a la llamada y trasladaron a Carlos hasta el Hospital de San Juan de Dios de Bormujos, donde falleció una semana después. Igualmente, solicitó la declaración de los trabajadores que atendieron a Carlos en el hospital y que expliquen el estado en el que se encontraba y por qué lo mantuvieron con vida una semana. Los hechos ocurrieron el día 12 de septiembre y la muerte se certificó el 19. Igualmente, ha solicitado al juzgado que ordene una reconstrucción de los hechos.

El abogado apuntó que ha aportado al juzgado dos copias de los vídeos grabados por su cliente, Ángel Bejarano. Existen tres secuencias que filmó este hombre con su teléfono móvil, dos en los que se aprecian las maniobras de reducción de su hijo, ya en el suelo, y un tercero en el que se observan las maniobras de reanimación y la llegada de los servicios sanitarios.

"Las imágenes no engañan, se ve cómo uno de los agentes tiene cogido por el cuello a Carlos y que éste tiene los ojos casi sacados", apuntó Luis Romero, que insistió en que no existió una "proporcionalidad" en la respuesta de la Guardia Civil y denunció que uno de los agentes practicó la técnica del mataleón, con la que asfixió presuntamente al detenido.

Romero se preguntó por qué no utilizó la Guardia Civil los dispositivos electrónicos de control (DEC), comúnmente llamadas pistolas eléctricas o taser, por la marca más conocida. "Son armas que están para estos casos, queremos saber por qué no se utilizaron ese día". El letrado de la acusación particular comparó este asunto con el caso Roquetas, en el que también murió un hombre que se encontraba bajo los efectos de las drogas y por el que fueron condenados varios guardias civiles. 

Igualmente, el abogado criticó la demora que el caso está teniendo en los juzgados, pues no ha sido hasta que el padre no difundió los vídeos a través de la red social Twitter cuando han comenzado los trámites. Así, Romero detalló que el padre denunció los hechos ante el juzgado de Guardia el 19 de septiembre, el mismo día que murió su hijo. El 28 de ese mes Luis Romero pidió personarse en el caso como acusación particular, pero no se le notificó que estaba personado hasta el 10 de noviembre, después de la publicación de los vídeos. El 11 de noviembre recibió el informe preliminar de la autopsia. Sus clientes no han sido citados hasta el 6 de febrero para ratificar la denuncia.