Los padres del soldado muerto en Cerro Muriano recurren el ascenso a capitán del teniente acusado

Los padres de Carlos León Rico, el soldado sevillano muerto en Cerro Muriano, han recurrido el ascenso a capitán de uno de los acusados en el caso, el hasta ahora teniente Jaime Tato. El ascenso de este oficial fue publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa el pasado 2 de enero. El abogado de los padres del soldado fallecido en el accidente durante un ejercicio la mañana del 21 de diciembre de 2023, Luis Romero, ha presentado un recurso contra la promoción del teniente. Se basa en la "existencia de un procedimiento penal abierto por dos presuntos delitos contra los deberes del servicio en su modalidad de homicidio imprudente".

Este oficial será juzgado por la muerte del soldado Carlos León y el cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar durante unas maniobras en el lago artificial de la base cordobesa de Cerro Muriano. Los dos militares se ahogaron cuando trataban de completar un ejercicio que consistía en cruzar a nado el lago, bajo unas condiciones extremas de frío y con escasas medidas de seguridad. En concreto, el ya capitán Tato se enfrenta a cinco años de prisión que le solicita la Fiscalía, mientras que las acusaciones particulares elevan la petición a casi diez años. Una condena de este tipo conllevaría la expulsión de las Fuerzas Armadas. El otro acusado es el capitán Íñigo Zúñiga, para quien la Fiscalía solicita ocho años de cárcel.

El recurso de los padres de una de las víctimas contra el ascenso del teniente añade también el "grave impacto moral" que supone su promoción para las familias de los fallecidos, así como "el riesgo objetivo" que éste genera para "la imagen, ejemplaridad y confianza" en el Ejército. El abogado pide que se acredite si el ascenso ha sido aprobado y refrendado por la autoridad que corresponda, incluida la ministra de Defensa.

Sostiene Luis Romero que el ascenso "no se produce de forma automática ni incondicionada", sino que exige el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la normativa vigente. Para ello, el militar debe haber cumplido el tiempo mínimo de permanencia en el empleo anterior, haber cumplido los tiempos mínimos de mando o desempeño de funciones, mantener la aptitud psicofísica para el servicio y ser declarado apto tras la correspondiente evaluación.

"Dicha evaluación de aptitud no constituye un mero trámite formal, sino un requisito sustantivo e imprescindible, cuya finalidad es garantizar que el ascenso respeta los principios de mérito, capacidad, idoneidad, ejemplaridad y servicio al interés general", apunta el letrado de la acusación. El ascenso debe estar sustentado en un expediente administrativo completo en el que consten la evaluación, la declaración de aptitud, los informes que la fundamentan y la ponderación de las circunstancias profesionales relevantes que se dan en el caso.

"La ausencia de constancia verificable de dicha evaluación, o la falta de acreditación de los informes que la sustentan, impide comprobar la legalidad del procedimiento seguido y priva al acto administrativo de la motivación reforzada que resulta exigible", detalla el abogado de los padres del soldado muerto, que solicita la suspensión cautelar del ascenso y se anule el mismo si se acreditan irregularidades sustanciales.