El pleno del Casco Antiguo de Sevilla clama por un freno a los pisos turísticos

La insorportable proliferación de alojamientos turísticos por todo el centro de Sevilla ha llevado al Pleno de la Junta municipal del Distrito Casco Antiguo a lanzar un SOS al gobierno de José Luis Sanz. Ese llamamiento urgente a tomar medidas para frenar la cifra de inmuebles turísticos fue aprobado de forma unánime el pasado 11 de septiembre por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla: PP, Vox, PSOE y Con Podemos-IU, así como todas las asociaciones vecinales presentes.

A propuesta de la coalición de Con Podemos-IU, el Casco Antiguo ha aprobado esta moción sobre vivienda en un doble sentido. En el primer punto se da luz verde a trasladar al Ayuntamiento de Sevilla y a la Gerencia de Urbanismo “la preocupación” por los efectos negativos que está causando en los barrios del centro de la ciudad el incremento de alojamientos turísticos.

El segundo punto de la moción aprobada reclama al gobierno de Sanz que adopte “con urgencia” medidas que “limiten de forma efectiva la pérdida de más parque residencial por conversión en apartamentos turísticos”. En suma, que se aplique una moratoria en las autorizaciones municipales de alojamientos turísticos. El detalle de la moción con los dos puntos citados se reproduce sobre estas líneas.

Así reza la moción que salió adelante en la sesión celebrada en la Fundación Mas (calle Torneo).

“Propuesta sobre vivienda:

- Que la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo traslade al Ayuntamiento y a la Gerencia de Urbanismo su preocupación por el efecto nocivo sobre el derecho a la vivienda, el comercio de proximidad, el despoblamiento del Distrito, la convivencia, el mantenimiento de los servicios públicos y la competencia desleal con los establecimientos hoteleros que provoca el actual nivel de apartamentos turísticos y mucho más su crecimiento.

-Que la Junta Municipal del Distrito Casco Antiguo insta al gobierno municipal a adoptar, de forma urgente, medidas que limiten de forma efectiva la pérdida de más parque residencial por conversión en apartamentos turísticos. Como primera fase, y a la vez, se diseñen actuaciones tendentes a la reversión al uso residencial de viviendas que actualmente se destinan al uso turístico a través de la fórmula de apartamentos turísticos”.

La posición de Sanz

La preocupación por la situación de los alojamientos turísticos de los representantes de filas del PP en el Casco Antiguo contrasta con la tranquilidad actual que muestra el gobierno municipal.

El gobierno de José Luis Sanz volvió a dejar este lunes claro que no piensa aplicar moratoria alguna en las autorizaciones de vivienda turística en Sevilla, pese a que la capital sevillana está a la cabeza de Andalucía en pisos turísticos ilegales, con 2.289 alojamientos que funcionan al margen de la legalidad, según los datos que divulgó este domingo el MInisterio de Vivienda. Esta moratoria la han aplicado ya otras capitales como Málaga y Cádiz.

En declaraciones a la prensa, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, defendió este lunes que el equipo de gobierno de Sanz está actuando ya con “medidas para controlar la proliferación de viviendas de uso turístico en la ciudad”. Entre esas medidas, citó que “desde octubre del 2024, Sevilla ha enviado a la Junta unas 1.067 viviendas de uso turístico para su cancelación”. Y disciplinarias como “paralizaciones de uso y cortes de agua, en el momento que se detecta un uso ilegal”.

El delegado centró sus declaraciones en criticar la legislación de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez. “La ley estatal sobre viviendas de uso turístico del Gobierno socialista, lejos de dar respuesta a la emergencia habitacional, pone en riesgo el acceso al alquiler social que necesitan los ciudadanos. Una muestra más de la incoherencia de Pedro Sánchez”.

De la Rosa defendió que, desde octubre del 2024, Sevilla ha enviado a la Junta unas 1.067 VUT (viviendas de uso turístico) para su cancelación”. Dijo que Sevilla en octubre de 2024 fue “la primera ciudad andaluza que aprobó en pleno un acuerdo para la limitación viviendas de uso turístico por barrios. Desde entonces proponemos a la Junta de Andalucía que cancele las viviendas ilegales. De las 271 declaraciones responsables presentadas, 105 han sido denegadas al encontrarse en zonas saturadas”.