El cierre de aulas públicas en Sevilla sigue dando que hablar. El consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, se ha referido este miércoles a dicha polémica que se evidenció el pasado sábado en una protesta de padres y maestros de los colegios afectados por la eliminación. Imbroda ha pedido "paciencia" a los colectivos que protagonizaron la manifestación, a los que ha recordado que la planificación no será definitiva hasta septiembre, como ya ocurrió el año pasado. 

Será poco antes de que comience el curso 2021/22 cuando se conozca el número exacto de aulas que se pierdan. Por ahora, todo son conjeturas, según ha expresado el titular de Educación a preguntas de los periodistas. En este punto conviene recordar que la consejería ya dejó el proceso de escolarización abierto hasta días previos al arranque de las clases el año pasado. Aquello fue una novedad para dar cabida a las familias que necesitaban plaza para sus hijos debido a una circunstancia sobrevenida. 

Este año se hará igual, lo que sirve a Imbroda para pedir "calma" e insistir en que, una vez concluido el plazo de solicitud de plazas, le toca a los "expertos" la "planificación". Lo cierto es que, pese a este llamamiento, el recorte de unidades -justificado por la bajada de la natalidad- ha sido una realidad en los centros públicos durante el mes de marzo, periodo en el que las familias demandan plazas para sus hijos. 

Muchos colegios se han visto obligados a reducir la oferta por indicaciones de la Delegación territorial de Educación. Lo han hecho, además, en zonas con alta concentración de centros concertados que, por ahora, han permanecido inmunes a cualquier recorte de plazas, y ello pese a que la actual ley educativa (la Lomloe) establece que, en caso de bajada de natalidad, este tipo de enseñanza debe ser la primera en sacrificarse, con independencia de la demanda que reciba. 

Las vacantes disponibles

El resultado, acabado este periodo, es que hay casi 900 plazas aún libres, lo que sirve a la administración pública de defensa para la oferta presentada. No obstante, Imbroda repite que el proceso no está acabado y que ahora son los "expertos" los que deben decidir la realidad que presentarán los colegios el próximo curso, ya que cada centro "es un mundo". 

Para el consejero, "el sistema público de enseñanza no se defiende así", con protestas como la del pasado sábado, ya que, a su juicio, existen temas más preocupantes relacionados con la educación que la eliminación de aulas o la bajada de la ratio de alumnos por clase. "No veo manifestaciones por el abandono temprano o el fracaso educativo, donde tenemos unas de las mayores tasas de la Unión Europea", ha referido Imbroda, quien ha defendido que es en estos ámbitos donde trabaja ahora su departamento. 

Además, explicó que la ratio media que presenta Andalucía se encuentra igual, "e incluso por debajo", de la que registra España o los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), por lo que ha dado a entender que este dato o una disminución del mismo no supone que se vayan a alcanzar mejores resultados académicos. El consejero responde, así, a la petición de familias, sindicatos y partidos de la oposición para que se aproveche el descenso de la natalidad y en lugar de cerrar aulas se baje la ratio, de manera que haya menos niños por aula y se preste una educación de mayor calidad. 

Tales declaraciones se han realizado en la jornada en la que los colegios han publicado la lista provisional con la puntuación obtenida por los solicitantes, con la cual muchas familias conocerán si sus hijos han podido entrar en el centro escogido como primera opción, tendrán que esperar al sorteo para desempatar en la baremación o esperar a la reubicación en otra escuela escogida como subsidiaria. Lo que está claro es que este proceso de escolarización -en plena vigencia de la polémica ley Celaá- seguirá dando que hablar hasta que comience el próximo curso.