Cuentas 2019

Espadas diseña un presupuesto para seducir a toda la oposición

  • Los técnicos de Hacienda elaboran unas cuentas prudentes con 1.005 millones ante la cercanía de las elecciones municipales

Castillo escoltado por José Miguel Herrera, director general del Hacienda, y Eva Vidal, gerente de la Agencia Tributaria. Castillo escoltado por José Miguel Herrera, director general del Hacienda, y Eva Vidal, gerente de la Agencia Tributaria.

Castillo escoltado por José Miguel Herrera, director general del Hacienda, y Eva Vidal, gerente de la Agencia Tributaria. / Belén Vargas

A por el pleno. Juan Espadas ha sacado adelante tres presupuestos y cuatro ordenanzas fiscales realizando todas las combinaciones posibles con los distintos partidos de la oposición. Sin perder de vista las elecciones municipales de mayo, los técnicos de Hacienda han elaborado unas cuentas para el año que viene fijando un criterio de prudencia en la planificación y establecer, por respeto al procedimiento electoral, un escenario abierto en el que se prioricen objetivos compartidos por la corporación y actuaciones imprescindibles para el funcionamiento de los servicios públicos y no se produzca un freno innecesario en la inversión, el gasto social, la reducción del desempleo y el crecimiento económico de la ciudad.

Entre los nueve ejes principales de actuación se encuentran agotar la regla de gasto y optimizar el uso de los recursos públicos para el desarrollo de las políticas públicas con los recursos disponibles; mejorar el volumen de inversión pública y evitar las consecuencias de una prórroga presupuestaria; incrementar el gasto en políticas sociales, vivienda e inserción laboral especialmente dirigidas a las zonas con necesidad de transformación social; y optimizar las posibilidades de inversión que se presentan con la incorporación de remanentes de los créditos solicitados en ejercicios anteriores.

El presupuesto del Ayuntamiento, los organismos autónomos y las empresas municipales asciende a 1.005 millones. Una de las prioridades es la inversión pública, que asciende a los 86,7 millones. A esta cifra hay que añadir la partida programada por Emasesa (46,3 millones). Dentro de este volumen de inversión pública se fijan como prioridades las inversiones en los colegios y edificios municipales (17,7 millones); los mercados de abastos (dos millones); el patrimonio (siete millones); la vivienda (19 millones) con el nuevo plan municipal de vivienda; y las intervenciones en los barrios (13,5 millones).

“Hemos apurado todas las posibilidades de financiación propia y de otras administraciones. Se ha constatado que cuando pusimos encima de la mesa la posibilidad de reducir la presión fiscal a hogares, autónomos y pequeñas y medianas empresas se hizo con la certeza de que se podrían encontrar otras vías a través de una mejora de la gestión de ingresos para acceder a los recursos necesarios para mantener el gasto social y la inversión”, explicó el delegado de Hacienda, Joaquín Castillo. El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) y los partidos ya examinan un documento antes de presentar enmiendas previas a su votación en la sesión plenaria.

El CESS y los grupos políticos ya estudian el documento para presentar alegaciones

Otra de las grandes prioridades del presupuesto son las políticas sociales y de atención a personas desempleadas. El presupuesto de Bienestar Social alcanza los 76,4 millones. Hay otras prioridades que se mantienen en el proyecto de presupuesto como las políticas de igualdad (3,5 millones); la memoria histórica (520.000 euros), el Deporte (30 millones); la cultura (11 millones); el taxi (que llevará la creación de la nueva App); la cooperación al desarrollo (1,6 millones) o el apoyo a comercio y autónomos a través de subvenciones o medidas para fomentar esta actividad económica.

El delegado destacó el volumen de pérdidas para la ciudad que puede suponer una prórroga presupuestaria, que obligaría a renunciar a los 86,7 millones consignados como inversiones directas; dificultaría la incorporación de proyectos financiados con aportaciones extraordinarias; impediría incrementar los recursos para políticas sociales y complicaría la aplicación de los aumentos de presupuestos para personal y mejora de los servicios públicos.

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