"Habrá que reducir los funcionarios por la sobredimensión del sector público"

Julio Pino es socio de Garrigues en Sevilla, despacho que ha organizado con la editorial Aranzadi el I Foro sobre Derecho Administrativo Sevilla 2011-2012, que aglutinará a numerosos profesionales del ámbito jurídico y de otras disciplinas en torno a temas de actualidad.

-¿Cómo surge la idea de este foro Aranzadi Garrigues?

-El foro surge en el despacho, donde llevamos muchísimos años trabajando con la Administración Pública y asesorando a empresas, particulares y organismos públicos. A lo largo de nuestra experiencia, hemos visto que hay multitud de normas y una intervención creciente y casi omnipresente de la Administración en toda la vida social. Por eso vimos como una oportunidad el establecer un foro de encuentro de todos los sectores profesionales.

-¿Cómo se articulan esas jornadas de encuentros profesionales?

-Hemos pensado en reunir a todos los operadores jurídicos, y el mundo universitario, para que una vez al mes se discuta y debata y se puedan poner de manifiesto diferentes inquietudes en un foro patrocinado por el Instituto Andaluz de Administración Pública, Unicaja y Cajamar.

-La temática del foro es muy variopinta, comenzando por la reordenación del sector público...

-Si hay un tema de lo más relevante en Andalucía en los últimos meses ha sido la discusión sobre el tamaño de nuestro sector público; si hacen falta tantos empleados públicos; o si hay duplicidad de prestadores de servicio. En mi opinión, el sector público está sobredimensionado en Andalucía y en toda España, en la medida en que hay multitud de entidades que prestan servicios similares, si no los mismos. Lo que no creo es que se deba demonizar especialmente a la administración instrumental porque el problema del tamaño no son únicamente las empresas o los organismos públicos, es algo global. Actuando sólo sobre la administración instrumental no vamos a conseguir ni muchísimo solucionar el problema de tamaño y racionalización de la administración pública.

-¿Y cuál es la solución a esa sobredimensión?

-Hoy en día todo el mundo habla de la reorganización del sector público, pero nadie, ningún dirigente político o institucional, habla de reducción o de salida de empleados públicos. Necesariamente habrá que tomar decisiones sobre la disminución del número de empleados públicos, sin duda, y también medidas consistentes en la fusión de organismos públicos que presten servicios, en la asociación de entidades para la prestación en común del servicio público en materias como el agua, residuos, energía. Carece de sentido que cada uno vaya por su lado. Las fórmulas asociativas tienen una tradición amplísima y deben ponerse en marcha en forma de consorcios y mancomunidades.

-El foro también abordará la contratación en el sector público.

-La contratación pública es un elemento de dinamización de la economía. Sin contratación pública, sin inversión en infraestructuras, la economía se ralentiza. No cabe duda de que las restricciones presupuestarias obligan a una evolución y es fundamental avanzar en formas colaboración público-privada en las que los conocimientos y los medios del sector privado ayuden desde el punto de vista técnico, económico y financiero a la Administración a poder enfrentarse con la necesidad de inversión. El modelo clásico de ejecución de obra pública está en revisión; hay quien dice incluso que está muerto. Pero no creo que eso sea así: ni todo puede ir por la vía de la colaboración público-privada, ni todo puede ir por el modelo clásico.

-Entonces, ¿cuál es el modelo ideal?

-Habrá que establecer los mecanismos adecuados para que en cada caso se aplique un modelo concreto. Esta idea entronca con el problema del tamaño del sector público, porque una de las modalidades de colaboración público-privada es la que se conoce como colaboración público-privada institucional y si estamos poniendo en duda el tamaño del sector público, parece complicado que este tipo de mecanismos puedan tener éxito en estos momentos.

-Y luego está el problema de la financiación de los ayuntamientos.

-Los ayuntamientos se han sobredimensionado en exceso en la época de bonanza económica que hemos tenido en las últimas décadas, creando superestructuras que no se pueden sostener con un nivel de prestación y una capacidad de financiación menor. Nuestros ayuntamientos han sobrevivido en base a ingresos atípicos como los procedentes de su actividad urbanística. Es necesaria una reflexión de todos los poderes públicos y el establecimiento de un marco normativo único, global, que permita una autosuficiencia de los ayuntamientos para satisfacer sus necesidades.

-¿Es necesario un cambio de mentalidad?

-Los ayuntamientos no pueden solucionar todos los problemas de los ciudadanos, sobre todo cuando su nivel de ingresos se ha frenado. Lo que proponemos es una reflexión normativa a nivel estatal y autonómica y de cada entidad para que establezca qué flujo de ingreso presupuestario objetiva y razonadamente puede generar y qué servicios puede dotar a los ciudadanos.

-¿Y qué pasará con esos pequeños ayuntamientos?

-También hay que reflexionar sobre si merece la pena suprimir los pequeños ayuntamientos, si merece la pena incentivar las fórmulas asociativas de los ayuntamientos vía mancomunidades y consorcios, y el papel de las diputaciones provinciales. En cuanto a la supresión de las diputaciones, la crisis del sector público no es por las diputaciones. Puede ser un problema el mal uso que en su caso se haya dado en determinados casos a la institución de la Diputación, pero con un panorama de entidades locales de tan diverso tamaño y tan amplio número, un organismo aglutinador de esos ayuntamientos es absolutamente imprescindible, se llame Diputación Provincial o se llame como se llame.