Sevilla es la cuarta ciudad de España con más viviendas okupadas a la venta

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en una carrera de obstáculos cada vez más difícil de superar. Quienes buscan comprar o alquilar un piso no solo se enfrentan a precios que absorben más de la mitad de sus ingresos, a una oferta limitada o a inmuebles en condiciones precarias, sino también a la necesidad de filtrar anuncios para esquivar aquellos que incorporan un problema añadido: la ocupación ilegal.

En Sevilla, este fenómeno ya se traduce en cientos de pisos que se anuncian a la venta pese a estar okupados, muchos de ellos dirigidos directamente a inversores. Los compradores se encuentran con anuncios que advierten expresamente de que no es posible visitar la vivienda ni tomar posesión de ella, una situación que afecta tanto a barrios periféricos como Los Pajaritos, Rochelambert o Torreblanca, como, en menor medida, a zonas consolidadas como Triana o el Centro.

Los últimos datos del portal Idealista confirman la magnitud del fenómeno en la capital andaluza. Sevilla cerró el último trimestre de 2025 con 480 viviendas okupadas a la venta, lo que la sitúa como la cuarta ciudad de España con mayor número de inmuebles en esta situación, solo por detrás de Madrid (857), Barcelona (787) y Murcia (509). Estas viviendas representan el 6,5% del total de la oferta en venta en la ciudad, un peso significativo pese a que la cifra supone una caída del 14% respecto al trimestre anterior.

Ese 6,5% convierte además a Sevilla en la séptima capital española donde la incidencia de viviendas okupadas a la venta es más acusada. Por delante se sitúan Tarragona (8,5%), Girona (8,1%), Huesca (7,8%), Murcia (7,2%), Almería (6,8%) y Huelva (6,5%).

En términos prácticos, esto implica que casi siete de cada cien viviendas que se ofrecen en Sevilla están ocupadas ilegalmente.

Comparativa con las grandes capitales

Si se compara con otras grandes ciudades, Sevilla presenta una situación intermedia-alta. Madrid lidera el ranking en números absolutos, con 857 viviendas okupadas en venta al cierre de 2025, un 10,4% más que el trimestre anterior, aunque su peso sobre el total de la oferta es del 2,4%. En Barcelona, los 787 inmuebles okupados suponen una bajada trimestral del 8% y representan el 3,1% del mercado.

Por detrás, Málaga contabiliza 296 viviendas, con un incremento del 3,2% y un peso del 3,2% sobre la oferta. Valencia registra 151 pisos okupados, tras una fuerte caída del 24,5%, que apenas alcanzan el 1,5% del total. En Zaragoza, la cifra se reduce a 74 viviendas, un 3,9% menos, con un peso del 1,6%.

En el extremo opuesto, Soria es la única capital española sin viviendas okupadas a la venta en Idealista. En León y Segovia, el fenómeno apenas representa el 0,2% de la oferta, mientras que Melilla se sitúa en el 0,3% y Salamanca en el 0,4%.

Un fenómeno que se normaliza

Para Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, estos datos evidencian que el problema ha dejado de ser coyuntural. El experto advierte de que la presencia de viviendas okupadas en los portales “se está asentando como parte del paisaje inmobiliario”, hasta el punto de convertirse casi en un producto más para inversores.

Iñareta lamenta que cada vez más propietarios opten por vender con pérdidas ante la falta de seguridad jurídica y la sensación de no contar con el respaldo de la justicia, una situación que, en sus palabras, debería provocar una reflexión profunda y un cambio urgente de políticas para revertirla.

Pisos okupados a la venta en Sevilla

En el caso concreto de Sevilla, la mayoría de las viviendas okupadas que aparecen en Idealista se concentran en plantas bajas y en barriadas con necesidades sociales, como Los Pajaritos y su entorno (Tres Barrios-Amate), Rochelambert, La Plata, Palmete, Torreblanca y San Jerónimo.

A finales de enero de 2026, el número de anuncios activos se reduce a 252 viviendas, frente a las 480 del cuarto trimestre de 2025. De ellas, 31 son de una habitación, 91 de dos, 97 de tres, 32 de cuatro o más, además de un estudio, situado en La Plata, a la venta por 23.000 euros, en primera planta exterior sin ascensor.

El abanico de precios es amplio: desde 10.000 euros, principalmente en Torreblanca, hasta 447.000 euros por un piso en la Alfalfa, con numerosos inmuebles en rangos intermedios de entre 90.000 y 120.000 euros.

La mayoría se anuncian como “oportunidad para inversores”, acompañadas de advertencias claras sobre su situación legal. Entre las descripciones más habituales figuran mensajes como “el inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros” o “no se pueden realizar visitas debido a su estado ocupacional”. Además, la gran mayoría de anuncios no muestran imágenes de las viviendas por dentro, solo del edificio o de la calle en la que se ubican.

Por distritos, hay una vivienda en Triana, dos en el Centro, una en La Palmera-Los Bermejales, una en Pino Montano, seis en Sevilla Este-Alcosa, cinco en Nervión y nueve en San Pablo-Santa Clara.

Las entidades que comercializan estos inmuebles se localizan mayoritariamente fuera de Sevilla, especialmente en la Costa del Sol (Commerzia y Geslawbrokers), Madrid (Lawbitat, Hipoges, Newproinmo y Altamira) y Barcelona (Inmobasic). En la capital hispalense, destacan Ciudad Expo Inmobiliaria y Casaquinto.

En los portales, estas viviendas aparecen identificadas con la etiqueta “Ocupada ilegalmente”, que Idealista define como aquella en la que alguien reside sin contrato en vigor ni autorización del propietario.

Derecho de propiedad

La ocupación ilegal se ha convertido en uno de los grandes focos de debate dentro de la crisis de vivienda. España se sitúa en el puesto 22 de los 37 países analizados en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, elaborado por la Property Rights Alliance y difundido por el Instituto de Estudios Económicos, lo que refleja un nivel de protección de la propiedad privada inferior al de la mayoría de países europeos.

Esta situación se traduce en procesos judiciales largos y complejos, un marco normativo con limitada capacidad disuasoria y compensaciones que resultan insuficientes, especialmente en casos de inquilinos que dejan de pagar o permanecen en la vivienda tras finalizar el contrato (los conocidos como inquiokupas). Todo ello desincentiva a los propietarios, frena la creación de nueva oferta residencial y termina tensionando aún más el mercado.

Como subraya Iñareta, la normalización de la venta de viviendas okupadas no debería asumirse como una realidad inevitable, sino servir de señal de alarma sobre la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y recuperar la confianza de los propietarios para aliviar la crisis habitacional.