La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha suspendido la declaración del asesor técnico de la Intervención Municipal del Ayuntamiento de Sevilla, que debía comparecer este jueves en el caso en el que se investigan las presuntas irregularidades en el montaje la Feria de Abril, al estimar que faltan por incorporar documentos fundamentales para la causa que deben ser examinados previamente.

La instructora, que la semana pasada ya suspendió la declaración del propio jefe de los servicios técnicos de Fiestas Mayores, Rafael Carretero, y de otros imputados de las empresas adjudicatarias del montaje de la Feria, ha accedido a la petición de suspensión solicitada por la defensa de este investigado.

La defensa considera que falta diversa documentación que ha sido "omitida a la investigación", tanto a la Fiscalía como al Grupo Especial de Policía Local (Gepol), que investigó el caso, y que no ha sido incorporada al sumario. Esa investigación, continúa la defensa, incluye documentos fundamentales para la defensa y que vendrían a demostrar la "legalidad" en la actuación del jefe de los servicios técnicos.

Entre esa documentación que no ha sido enviada al juzgado y que no conocieron los investigadores policiales estarían un total de 21 informes técnicos elaborados por Rafael Carretero en los que contesta punto por punto la denuncia del arquitecto técnico de Fiestas Mayores Miguel Ángel Baena, y vendría a corroborar que todos los trabajos abonados se han hecho en realidad, en contra de la tesis que sostiene el denunciante.

Tras la petición de la defensa, la juez ha decidido suspender sine díe la declaración de Juan Ramón Álvarez Benito, asesor técnico de la Intervención Municipal, que había sido citado en calidad de testigo-perito.

Este técnico siguió detectando irregularidades en relación con la Feria de 2015, como la "duplicidad de trabajos y errores aritméticos no favorables al Ayuntamiento al respecto de la cuantía de horas de servicios prestados en seguridad", y concluía que habría un desvío en las cuantías de los expedientes del 2,5%, lo que supondría unos 75.000 euros en un solo ejercicio, aunque esta cifra sería extrapolable a los años anteriores, "dado el carácter repetitivo de los expedientes y coincidencia en las cuantías de las certificaciones".