Proliferación de construcciones ilegales, vertidos incontrolados, quema de residuos, incendios que perturban la calidad ambiental de los barrios colindantes... La situación en este territorio sin ley situado entre la barriada de Palmete y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la Ranilla es insostenible. Las asociaciones Parque Vivo del Guadaíra, Alwadi-ira y Bermejales Activa llevan años denunciando todos los desmanes y excesos a los ayuntamientos de Alcalá de Guadaíra y Sevilla, ya que es un espacio compartido, obteniendo siempre la callada por respuesta o una intervención superficial. También han llamado a las puertas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (competente en el dominio público hidráulico); y de las consejerías de Agricultura (autoridad en vías pecuarias y medio ambiente ) y Fomento (responsable del cumplimiento de la legalidad urbanística). Nadie le ofrece una solución para poner orden en un lugar en el que el cumplimiento de la ley brilla por su ausencia y los problemas y molestias para los barrios cercanos son enormes. Ahora, unos vecinos hastiados anuncian una recogida de firmas para que les atiendan.

El grupo ecologista Alwadi-ira –Ecologistas en Acción– con el respaldo de la plataforma cívica Salvemos el Guadaíra y las asociaciones Parque Vivo del Guadaíra y Bermejales Activa vienen denunciando reiteradamente el abandono del territorio denominado Cercado del Pozo, situado entre el río Guadaíra al Sur, la Autovía SE-30 por el Oeste, la carretera A-8028, que enlaza la A-92 con la SE-30 por el Norte, y el Canal de Ranilla por el Este. En este espacio de 73 hectáreas se ubican el denominado Polígono El Sombrerón, la antigua Huerta Cúchares, asentamientos chabolistas, cuadras y otras muchas instalaciones de dudosa legalidad. Se trata de una zona en la que confluyen los términos municipales de Sevilla y Alcalá de Guadaíra, muy próxima a varios barrios residenciales, al Parque Ribera del Guadaíra y a la Universidad Pablo de Olavide.

Las asociaciones que luchan por la regeneración de la zona denuncian que la acumulación de residuos y enseres domésticos, escombros, neumáticos, restos de productos agropecuarios e industriales son muy abundantes y casi a diario son quemados, con el riesgo para la salud que ello supone para los vecinos cercanos. Una prueba de ello es el incendio que producido en el verano de 2020 y que provocó la muerte de una decena de animales que permanecían en los establos en los conocidos como Jardines del Guadaíra. Las consecuencias de este incidente podrían haber sido mayores si no hubiese intervenido eficazmente la Policía y los Bomberos, como aseguran. “Estos frecuentes incendios provocan la contaminación atmosférica con negativos efectos en los barrios residenciales próximos”.

Humo tóxico procedente de las quemas incontroladas que se adentra en Palmete.

Alwadi-ira ha remitido varios escritos notificando esta situación a distintos organismos y servicios de la administración. Entre ellos, a la Fiscalía de Medio Ambiente, los ayuntamientos de Sevilla y Alcalá de Guadaíra, el Seprona de la Guardia Civil o la delegación Territorial del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Los ecologistas consideran que se está haciendo dejación de funciones “al consentir, ignorar o no aplicar la debida administración en la zona donde se incineran residuos tóxicos a cielo abierto produciendo la contaminación del aire y el suelo fuera de cualquier control o supervisión efectiva por las administraciones competente”. En este caso, los agentes contaminantes inciden especialmente en las barriadas de San José de Palmete, La Doctora, Padre Pío y Las Negrillas. A escasos metros se encuentra el colegio público Valeriano Bécquer, la Universidad Pablo de Olavide y el río Guadaíra.

Los vecinos afectados, hartos de la situación y de que nadie les ofrezca una solución, anuncian una recogida de firmas. “Ahí se queman neumáticos, cobre, cables, basura. El humo tóxico puede recorrer kilómetros y afecta a estos barrios cercanos. Lipasam no viene porque no tiene competencias, así que todo se soluciona con las quemas. Es un problema de años y aquí nadie hace nada. Las cuadras también generan mucha basura. Toda la zona del río está contaminada y los escombros se amontonan a la entrada del parque”, explica Esteban Zamora, uno de los residentes afectados.

Escombros y suciedad en los parajes.

Estas asociaciones de defensa medioambiental afirman que las administraciones públicas con competencia “no deben permitir una práctica ilegal inaceptable en términos de salud pública, que atenta contra el medio ambiente, y que es utilizada como método fácil y barato para conseguir un lucro sin considerar los graves daños que se ocasionan, sorteando a los gestores de residuos homologados. Estos delitos medioambientales acarrean desgraciadamente accidentes como el incendio del pasado verano y además afectan a un territorio con valor patrimonial y paisajístico, donde se encuentran la azuda y los restos del puente romano de la Horadada”.

Vertidos recientes en el cauce del Guadaíra.

Las actividades ilegales tienen también una incidencia negativa en la calidad del agua del río Guadaíra. Los denunciantes señalan que se han observado vertidos de aceites y otros materiales muy contaminantes en sus riberas. También tienen su efecto en el vecino Parque de Riberas del Guadaíra, ya que éste –pese a las barreras levantadas en los últimos años– sufre invasión de vehículos a motor, ganado, así como por personas que montan caballos procedentes de los establos allí instalados. Uno de los elementos más degradados de la zona es el molino de San Juan de los Teatinos, que ha entrado hace unas semanas en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra.

Dada la magnitud del problema, las organizaciones de Alwadi-ira, Salvemos el Guadaíra y Parque Vivo del Guadaíra han solicitado públicamente a la Fiscalía de Medio Ambiente que actúe de oficio ante los ayuntamientos de Sevilla y Alcalá de Guadaíra “por su manifiesta dejación de funciones y por permitir estas actividades ilícitas”; ante la Consejería con competencias en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, “por no actuar subsidiariamente y por afectar las ocupaciones a una vía pecuaria”; ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, “por no perseguir los vertidos directos al cauce y la zona de dominio público hidráulico, así como por la obstrucción de un canal de desagüe”.

Suciedad esparcida por la zona.

Estas asociaciones explican que la estructura de la propiedad de este lugar, según la cartografía catastral, está en muy pocas manos, lo cual facilita la actuación pública. “Al menos la finca Rancho de la Vega Baja, que comprende toda la parte del término municipal de Sevilla, es propiedad del Ayuntamiento”. También se observa que en las dos agrupaciones de naves industriales y de servicios no se ha producido la división horizontal, “muestra de su situación alegal”. Se desconoce la situación de las cuadras y de los asentamientos de chabolista. “La actitud hostil, sino violenta, de las personas residentes o relacionadas con estas instalaciones hacia los paseantes o el colectivo conservacionista no presagia nada bueno”, concluyen.