Tras once días de tractoradas, los agricultores se enfrentan a las primeras notificaciones de multas. Las jornadas de protestas de los agricultores sevillanos desarrolladas desde el pasado martes 6 de febrero en distintos puntos de las carreteras y vías de acceso a la capital, con especial incidencia en la A4, A-92 y AP-4, acumulan entre 1.500 y 2.000 denuncias, de las que ya se han incoado, e, incluso, en algunos casos, notificados, los primeros expedientes sancionadores, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Según el Ministerio del Interior, en toda España hay 8.807 propuestas para sanción.

Se corresponden con las denuncias interpuestas por las fuerzas de seguridad del Estado durante los primeros días de protestas y responden a delitos de seguridad vial y ciudadana. Las sanciones pueden oscilar entre los 800 y 1.000 euros.

Las mismas fuentes apuntan que las tractoradas, que han ocupado carreteras y han colapsado y cortado vías en determinadas horas del día y en varios puntos de la provincia, sobre todo, en las carreteras estratégicas que dan acceso a la capital sevillana, sin disponer de autorización, se han saldado con 15 detenidos, todos en libertad.

En la provincia de Sevilla, el momento culmen de las protestas se vivió este miércoles cuando los agricultores lograron colapsar los accesos a Sevilla durante más de cinco horas, desde las diez de la mañana hasta pasadas las tres de la tarde en algunos casos, según han confirmado a este periódico el Centro de Gestión del Tráfico (DGT) del Suroeste así como la Subdelegación del Gobierno. En la A-92 siguieron los cortes hasta poco después de las seis de la tarde, pero las retenciones más largas se produjeron en la A-49, con una longitud de 3 a 4 kilómetros, mientras en los demás accesos no superaron los 2 kilómetros en ningún caso, según fuentes oficiales.

Con todo, según el balance del Ministerio del Interior, las protestas del sector primario han dejado 8.807 personas identificadas para posible sanción en toda España y 3.189 denuncias administrativas, en aplicación tanto de la ley orgánica de seguridad ciudadana como la de seguridad vial.

Las propuestas del Gobierno

Las primeras notificaciones sancionadoras a los agricultores llegan después de que las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA anunciaran este jueves que mantendrán sus calendarios de protestas con 16 actos previstos para las próximas semanas, a pesar de los compromisos del Gobierno de crear una Agencia Estatal de Información y Control Alimentarios y de considerar voluntario el cuaderno digital.

Según se conoció ayer, el Gobierno se ha comprometido a mantener la subvención al gasóleo agrícola, a publicar las sanciones graves y muy graves por incumplir la ley de la cadena alimentaria y a pedir en Bruselas la simplificación de varios aspectos de la aplicación de la Política Agraria Común.

Al respecto, el presidente de Asaja, Pedro Barato, aseguró que ha visto "avances en algunos aspectos" como la rotación de cultivos, en el cuaderno digital y en la obligación de las fotos georreferenciadas. Pero reclama "soluciones para otros muchos aspectos e incluso ha aludido a decisiones como las tomadas en relación con el lobo por el Ministerio de Transición Ecológica".

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, señala que lo acordado es este encuentro "es un paso adelante que abre un camino nuevo". "Hay medidas que antes eran imposibles y ahora son viables", valora. Con respecto a los acuerdos comerciales, dice que "es un tema de los que más preocupan", por lo que ha pedido al ministro a "defender los compromisos adoptados entre el Gobierno y las organizaciones agrarias en Bruselas".

Para la vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, "el ministro ha escuchado el mensaje de las organizaciones agrarias con esta batería de propuestas que incluye avances". "Hay que pelear para que se concreten", señaló. En cualquier caso, solicita "más fondos y más personal" para que, por ejemplo, se haga efectivo el refuerzo del cumplimiento de la ley de la cadena con la creación de la Agencia anunciada por el ministro.