"La víctima de 'la Manada' ha sufrido un castigo mediático añadido"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, afirmó ayer en una entrevista a Efe y cuando se cumplen tres años de la violación grupal a una joven madrileña en los Sanfermines, que la víctima de la agresión sexual por La Manada sufrió un castigo añadido por la gran repercusión mediática del caso.

Galve, que defendió en la Sala que estudió el recurso de casación que sí se trataba de una agresión y no de un abuso sexual, que los procesos judiciales "no son matemáticas", sino que hay muchos matices a tener en cuenta. El magistrado rechazado que la justicia navarra, tanto la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra como el propio TSJN, que confirmó la pena de nueve años por abuso sexual, hayan quedado en mal lugar. "El Supremo puede venir siempre a enmendar o no la plana. En este caso, efectivamente, ha revocado la sentencia y desde ese punto de vista sí que supone, no un varapalo, pero sí una rectificación", asevera Galve en la entrevista.

El Tribunal Supremo ha dictaminado que lo que ocurrió en Pamplona el 7 de julio de 2016 no fue un abuso sino un delito continuado de agresión sexual, en contra de lo que determinaron dos tribunales anteriores: la decisión mayoritaria de los jueces de la Audiencia de Navarra primero, con un voto particular que discrepaba de los otros dos que formaban la terna y pedía la libre absolución, y del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad después, con dos jueces que emitieron un voto disidente y afirmaron que la condena debía ser por agresión sexual: eran Joaquín Galve y Miguel Ángel Abárzuza.

Al final, el Supremo ha elevado la calificación a agresión sexual y ha condenado a los cinco miembros de La Manada a 15 años de prisión por la violación de una joven madrileña en los Sanfermines de 2016.

En total, han intervenido en este proceso 17 jueces: los cinco del Supremo, los cinco del TSJN, tres de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, tres que confirmaron el ingreso en prisión, y el juez instructor. Varios de ellos, comentó Galve, sobre todo los de la Sección Segunda, han sido objeto de insultos y amenazas y han necesitado protección policial durante este tiempo.