El delegado especial de la Zona Franca de Sevilla, el economista Javier Landa, anunció este jueves un mensaje "optimista" sobre el futuro del recinto fiscal sevillano: que su financiación estará garantizada en 2020. Y se basa en dos cambios: en la incorporación al recinto fiscal de las potentes empresas asentadas en el polígono Astilleros, que elevarán a 125 hectáreas la superficie total de la zona franca (ahora tiene 72 hectáreas), y en la medida incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 que permitirá que la zona franca sevillana se autofinancie con al menos un 75% del impuesto de sociedades que pagan las empresas instaladas.

El Ministerio de Hacienda está tramitando la ampliación de la zona franca a las empresas de Astilleros y la novedad relativa al nuevo modelo de financiación, el llamado "recurso financiero", será una realidad en todas las zonas francas del país cuando Rajoy logre el apoyo político que necesita para aprobar los presupuestos estatales de este año.

Estas dos cuestiones permitirán poner fin a la dependencia de la aportación presupuestaria estatal, dijo Landa, quien ofreció este jueves estos detalles en una conferencia ante empresarios y entidades vinculadas al Puerto en la Cámara de Comercio de Sevilla que preside Francisco Herrero.

Fuente: Puerto de Sevilla. Gráfico: Departamento de Inforgrafía

La ampliación de la zona franca a las empresas de Astilleros supone pasar de las seis empresas actuales que operan en el recinto fiscal a unas 11. Sevitrade, Jannone, Componentes Electrónicos Nazarenos Solution (antes Inabensa) y Terminal portuaria esclusa, ya operan en la zona franca; mientras TRH (Transformados Huévar) e Hispalense de Líquidos aún están en trámite de adaptar su software de contabilidad a uno específico para tener el control de Aduanas. Y las empresas de Astilleros son GRI, Tecade, Megusa, Astilleros del Guadalquivir y Apimosa, que han solicitado su incorporación a la zona franca y el Ministerio de Hacienda está tramitando la petición. Ditecsa (de Astilleros) confirmó este jueves a este periódico que no se sumará a la zona franca porque disponen "de otros dos emplazamientos en Sevilla (Dos hermanas y Alcalá de Guadaíra) y de momento no requerimos de más espacio en las instalaciones del puerto".

Fuera de Astilleros, la empresa farmacéutica VIR ha pedido incorporarse y Estibadora sevillana está interesada en integrar la zona franca por lo que su responsable, Filomeno de Aspe, ha pedido al delegado especial que estudie esta posibilidad. Así pues la cifra final puede elevarse a 13.

Landa explicó que con el potencial de esa docena de empresas ya no serían necesarias las 25 empresas "de tipo medio" que calculó en su día (en una conferencia en Antares a finales de 2016) como cifra obligada para que la zona franca sevillana funcionara a buen ritmo. El delegado especial mantiene que el aeropuerto es el otro punto al que debe ampliarse la zona franca de Sevilla.

La zona franca comenzó a operar de facto en octubre de 2017 con Sevitrade como primera empresa que adaptó su software a uno especifico de contabilidad creado para las necesidades de las empresas de la zona franca sevillana y que permite que Aduanas revise en tiempo real el movimiento de estas sociedades. La zona franca sevillana, cuyos promotores fueron el Puerto, el Ayuntamiento y el Gobierno central, hasta ahora ha funcionado para sus gastos corrientes con una aportación estatal (algo más de 2 millones), el Puerto ha puesto los suelos de Torrecuéllar y el Ayuntamiento asumió el pago del vallado obligatorio del recinto (le quedan 46.000 euros por pagar). Una de las inversiones más urgentes es elevar la potencia eléctrica del recinto fiscal.

Los empresarios demandaron este jueves que la zona franca tenga almacenes logísticos que puedan usar las pequeñas y medianas empresas que no pueden permitirse grandes inversiones.