Un árbitro asturiano de Segunda División es detenido por agresión sexual a una prostituta haciéndose pasar por policía

Un árbitro profesional de fútbol de LaLiga Hypermotion, de 33 años y residente en Oviedo, ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de agredir sexualmente a una prostituta tras simular ser agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El colegiado asturiano habría utilizado uniformes y distintivos policiales para obligar a la víctima a mantener relaciones sin su consentimiento y sin abonar el servicio contratado, amenazándola con emprender acciones legales contra ella.

Durante el registro practicado en el domicilio del detenido, los agentes de la Policía Nacional localizaron uniformes completos y distintivos oficiales correspondientes a la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que el acusado habría planificado la suplantación de identidad de manera premeditada. La Real Federación Española de Fútbol ha reaccionado con celeridad ante estos hechos y ha suspendido cautelarmente al colegiado de toda actividad arbitral hasta que se esclarezcan los acontecimientos.

La investigación policial se centra ahora en determinar si pudieron existir otros episodios similares protagonizados por el mismo individuo que no fueron denunciados anteriormente. Las autoridades sospechan que podría haber otras víctimas que no presentaron denuncia por temor a represalias o por su situación administrativa irregular en España, circunstancia que el presunto agresor habría aprovechado como mecanismo de coacción.

Los hechos denunciados y el modus operandi del acusado

Según consta en la denuncia presentada, el árbitro asturiano habría contratado los servicios de una trabajadora sexual en la ciudad de Gijón. Una vez en el lugar previamente acordado para el encuentro, el acusado cambió radicalmente de actitud. En lugar de proceder al pago de los servicios contratados, exhibió una placa identificativa de la Policía Nacional y amenazó a la mujer con abrir un expediente policial contra ella debido a su presunta situación irregular en territorio español.

Utilizando esta estrategia intimidatoria, el colegiado habría obligado a la víctima a mantener relaciones sexuales bajo amenaza de consecuencias legales graves, incluyendo la deportación. La mujer, atemorizada por las posibles repercusiones, accedió inicialmente a las exigencias del agresor, pero posteriormente decidió interponer denuncia ante las autoridades competentes, lo que desencadenó la investigación policial.

Suspensión cautelar por parte de la Real Federación Española de Fútbol

La Real Federación Española de Fútbol emitió un comunicado oficial este lunes en el que confirmaba haber tenido conocimiento de la detención del árbitro profesional a través de diversas publicaciones en medios de comunicación durante las últimas horas. El organismo rector del fútbol español ha actuado con rapidez aplicando su normativa interna.

"La Real Federación Española de Fútbol, a raíz de unas publicaciones en las últimas horas en diversos medios de comunicación, ha conocido este lunes la detención de un árbitro profesional de Segunda división. En base a la normativa interna, y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso", reza el comunicado oficial difundido por la federación.

Esta suspensión cautelar con carácter inmediato impide al colegiado ejercer cualquier función arbitral en competiciones oficiales hasta que se resuelva tanto el procedimiento judicial como el expediente disciplinario interno abierto por la federación. La medida busca preservar la imagen de la institución y garantizar que se investigue a fondo la conducta del árbitro.

Situación procesal del detenido y tramitación judicial

El procedimiento judicial se inició en un juzgado de Instrucción de Gijón, localidad donde se produjeron los hechos denunciados. No obstante, siguiendo los protocolos establecidos en casos de violencia de género y agresiones sexuales, el juzgado gijonés se inhibió trasladando la competencia a un juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer de Madrid, ciudad donde reside habitualmente la denunciante.

El árbitro detenido ha quedado en libertad con cargos tras prestar declaración ante las autoridades judiciales. Los delitos que se le imputan son de especial gravedad: agresión sexual, coacciones y usurpación de funciones públicas. Este último cargo resulta particularmente relevante, ya que el acusado habría suplantado la identidad de agentes de la autoridad para cometer los actos delictivos, lo que constituye un agravante significativo.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de la Policía Nacional en Gijón se ha hecho cargo de la investigación. Este departamento especializado cuenta con agentes formados específicamente para el tratamiento de delitos de violencia de género, agresiones sexuales y delitos contra la libertad sexual, garantizando un abordaje sensible y profesional del caso.

¿Qué es la usurpación de funciones públicas?

La usurpación de funciones públicas constituye un delito tipificado en el Código Penal español que se produce cuando una persona ejerce actos propios de una autoridad o funcionario público sin ostentar dicha condición legalmente. Este tipo penal protege el correcto funcionamiento de la Administración Pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.

En el caso concreto del árbitro detenido, la exhibición de placas policiales y uniformes oficiales para intimidar y cometer otros delitos constituye una circunstancia especialmente grave. La posesión de material policial auténtico o falsificado con intención de hacerse pasar por agente de la autoridad puede comportar penas de prisión que oscilan entre seis meses y tres años, según la gravedad de los hechos y las consecuencias derivadas de la suplantación.

Además, cuando esta usurpación de funciones se utiliza como instrumento para cometer otros delitos más graves, como en este caso una agresión sexual y coacciones, los tribunales suelen aplicar las penas de forma acumulativa, lo que incrementa sustancialmente la condena final en caso de que se produzca una sentencia condenatoria.

¿Puede haber más víctimas del árbitro detenido?

Una de las líneas prioritarias de investigación que mantienen abiertas las autoridades policiales se centra en determinar si existen otras posibles víctimas que no presentaron denuncia anteriormente. La naturaleza del delito y el modus operandi del presunto agresor sugieren que podría haber actuado en más ocasiones utilizando el mismo patrón de conducta.

Las trabajadoras sexuales constituyen un colectivo especialmente vulnerable a este tipo de agresiones, ya que frecuentemente se encuentran en situaciones de irregularidad administrativa que dificultan enormemente la presentación de denuncias por temor a consecuencias legales contra ellas mismas. Este factor habría sido precisamente el que el acusado habría explotado para ejercer su coacción.

Los investigadores de la UFAM han hecho un llamamiento para que cualquier persona que pueda haber sido víctima de hechos similares se ponga en contacto con las autoridades. Se garantiza la confidencialidad y protección de las víctimas, independientemente de su situación administrativa, priorizando la investigación de los delitos graves cometidos contra ellas.

¿Qué consecuencias tendrá para su carrera como árbitro?

La carrera profesional del colegiado asturiano en el ámbito del arbitraje futbolístico se encuentra actualmente en suspenso. La suspensión cautelar impuesta por la Real Federación Española de Fútbol le impide ejercer cualquier función arbitral hasta que concluya tanto el proceso judicial como el expediente interno de investigación abierto por el organismo federativo.

En caso de confirmarse los hechos y producirse una condena judicial firme, es prácticamente seguro que la federación procederá a la inhabilitación definitiva del árbitro, cancelando su licencia de colegiado. Los estatutos y códigos deontológicos de las federaciones deportivas son especialmente estrictos con conductas que atenten contra la dignidad de las personas y que supongan la comisión de delitos graves.

Más allá de las consecuencias deportivas, el acusado se enfrenta a potenciales penas de prisión significativas si finalmente es declarado culpable de los delitos que se le imputan. La agresión sexual, junto con las coacciones y la usurpación de funciones públicas, configuran un cuadro delictivo que puede acarrear varios años de privación de libertad, además de las correspondientes indemnizaciones a las víctimas.