Todos los medicamentos dispensados en las farmacias a partir del 1 de julio se cobrarán con los nuevos porcentajes establecidos en el copago aunque hayan sido prescritos por el médico con anterioridad a esa fecha, en que entró en vigor la nueva norma.

Así lo han indicado a Efe fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que han asegurado que el nuevo modelo de copago farmacéutico se está aplicando sin problemas destacables desde el punto de vista técnico. El decreto de medidas para garantizar la sostenibilidad de la sanidad establece que toda receta dispensada a partir del 1 de julio se acoge al nuevo sistema de pago.

Las recetas tienen una validez de diez días desde que son expedidas por el médico hasta su dispensación en la farmacia. Cuando son electrónicas ese periodo puede ser de seis meses e, incluso, de un año en algunas comunidades autónomas.

Las nuevas recetas irán acompañadas de diferentes códigos, que van del 001 hasta el 006, que identificará a los usuarios en función de su renta y permitirá a las farmacias saber cuánto deben pagar.

Los ciudadanos con un nivel de renta superior a 18.000 euros pagarán el 50% de los fármacos mientras que los que estén por debajo de esa cantidad seguirán abonando el 40% actual y aquellos cuya renta sea superior a 100.000 euros pagarán el 60%. Los pensionistas, actualmente exentos, pagarán un 10% con un límite de ocho euros mensuales siempre que tengan una renta inferior a 18.000 euros y de 18 euros si la superan. Los que reciban más de 100.000 euros tendrán un tope de 60 euros mensuales.

Cuando se rebasen esos límites la diferencia será reintegrada por la comunidad autónoma correspondiente en un periodo máximo de seis meses. Los medicamentos serán gratuitos para los afectados del síndrome tóxico y personas con discapacidad, los perceptores de rentas de integración social y de pensiones no contributivas, además de los parados de larga duración que no perciban prestación.

Tampoco pagarán las medicinas aquellas personas que sigan un tratamiento derivado de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. La aportación de los funcionarios, los militares y el personal al servicio de la administración de justicia será del 30%.