El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado que hubo discriminación en el cese de una empleada de un gimnasio que fue relacionada con la comunidad hinduista en la que saltó el escándalo del gurú de Granada en 2010. La investigación judicial se centra en Antonio J.R.P., el líder espiritual que fue denunciado por presuntamente "esclavizar" a miembros de su grupo religioso, la asociación Vaidika Pratisthana Sangha. El asunto sobre el que se acaba de pronunciar el TS afecta a una de las monjas de esta comunidad, que fue cesada temporalmente en su trabajo -daba clases de yoga en un gimnasio de Granada- a raíz de salir a la luz que la Fiscalía había denunciado en la vía penal al líder de su grupo.

Ahora, el TS confirma que la afectada fue suspendida temporalmente por ser miembro del grupo religioso, vulnerando así sus derechos fundamentales y atentando contra su libertad religiosa. En concreto, la empresa comunicó verbalmente a la monja que "dejaría de prestar servicios" entre junio y julio de 2010. Posteriormente, por escrito, se le hizo saber que iba a ser trasladada a otro centro que la misma empresa posee en Málaga. Mientras tanto, el gimnasio fue inspeccionado por Trabajo tras la denuncia de los hechos y la afectada estuvo de baja.