VIVIMOS tiempos de cambio. Nuevas formas de gestionar, de consumir, de comerciar, de vender y de comunicarnos se abren paso inexorablemente, impulsadas por transformaciones socioeconómicas sin precedentes en el contexto de la recesión más grave que se recuerda en décadas. Que el mundo está cambiando ante nuestros ojos ya no es motivo de debate. La pregunta ahora es ¿estamos cambiando nosotros adecuadamente con él?

Por eso no debe sorprendernos la anunciada liberalización de las profesiones en España. Así es, el Ministerio de Economía ha dado a conocer un avance del anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales que el Gobierno parece decidido a aprobar definitivamente en 2013.

Como ha reflejado la prensa, hay profesiones que podrían sufrir importantes recortes en sus competencias. Hemos leído que los farmacéuticos pueden perder el derecho exclusivo a abrir farmacias, los arquitectos podrían ceder competencias exclusivas y los procuradores prácticamente desaparecer. En la mayoría de las profesiones, incluso en la de los agentes comerciales a los que represento, la pertenencia a un colegio profesional dejaría de ser obligatoria. En resumidas cuentas, se consagra la liberalización de los servicios profesionales. En Bruselas estarán contentos, pero ¿será éste el fin de muchos colegios profesionales?

El Gobierno argumenta que es "una reforma estructural que contribuirá a generar más competencia y mejorar la competitividad de nuestra economía y el funcionamiento de los servicios profesionales". No sé si esta futura ley contribuirá a hacer crecer el PIB o a crear miles de puestos de trabajo, pero lo que quizá no se puede discutir es su oportunidad. La modernización del marco institucional profesional, que muchos ya hemos iniciado, no debe detenerse.

Por ello, aunque desde el Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España apoyaremos todas las medidas que contribuyan a modernizar y mejorar la eficiencia de las organizaciones colegiales, creemos fundamental que la nueva ley no se lleve por delante la función social que juegan los colegios profesionales en nuestro país, recogida por la Constitución española.

Del mismo modo, esperamos que se tengan en cuenta las diferentes sensibilidades de todos los componentes del amplísimo espectro de las profesiones "liberales". No estamos hablando sólo de los intereses de abogados, médicos o farmacéuticos. Hablamos, debemos hablar también, de profesionales como los agentes comerciales que, con su trabajo diario, venta tras venta, contribuyen a mover los engranajes de la economía de un país necesitado más que nunca de redes comerciales activas, fluidas y vivas, sustentadas sobre la base de profesionales preparados.

El Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España que presido representa a más de 50.000 colegiados repartidos por toda la geografía española. Los agentes comerciales son profesionales que desempeñan un papel esencial en la intermediación y la distribución comercial en nuestro país. De hecho, son los profesionales más demandados. Las empresas españolas, hoy más que nunca, necesitan en esta crisis profesionales que les ayuden a vender más y mejor.

Esta ley no nos coge desprevenidos. Puedo decir que los Colegios de Agentes Comerciales de España están preparados y unidos para adaptarse a los nuevos cambios. Porque hemos sabido ofrecer una cartera de servicios atractiva y útil para los agentes comerciales y hemos sabido defender las ventajas de la colegiación. En los últimos años, hemos emprendido un proceso de modernización de nuestras funciones y estructuras y hemos convertido la colegiación en una opción atractiva, que va mucho más allá del resultado de una obligación burocrática. Estar colegiado es hoy día entrar a formar parte de una organización con delegaciones en toda España que presta gran cantidad de servicios y ventajas al agente comercial.

En este contexto, los colegios han venido ejerciendo desde hace décadas un papel fundamental, pues velan por la buena práctica de la profesión, formando deontológica y profesionalmente a los agentes comerciales del país.

Su esencial función social se despliega en una doble dirección: hacia la sociedad, por cuanto garantizan a los ciudadanos el correcto funcionamiento de unos servicios que, en última instancia, afectan a la seguridad de las transacciones comerciales; y también hacia el propio colectivo de profesionales, que encuentran en estas organizaciones el mejor amparo y protección de sus derechos e intereses. Por ello, su pervivencia no debe ni puede verse comprometida por la liberalización.