DURANTE el año 2012 perdieron la vida unos 225 inmigrantes al intentar llegar por la frontera sur al territorio de la recién nombrada Premio Nobel de la Paz. Y es que las migraciones siguen siendo una de las principales trabas de la entidad supranacional que junto al Gobierno de España continúan enroscándose en sus miedos, haciendo más inaccesibles las fronteras, externalizando la gestión de los flujos y haciendo del internamiento de inmigrantes el eje de la política migratoria.

En plena tormenta de los recortes para toda la ciudadanía, se sigue contemplando una importante partida de casi 50 millones de euros para hacer frente a la llegada de inmigrantes irregulares, pero casi 7.000 inmigrantes llegaron a España en 2012 arriesgando su vida según el último informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Pero no es en la frontera sur donde los flujos migratorios hacia Europa son más frecuentes, pero si los más adversos. Los aeropuertos de Barajas y El Prat continúan siendo grandes médulas de acogida de flujos migratorios, cientos de personas llegan por esta vía a España con visados que luego caducan para buscar una vida mejor en Europa o España.

Estos días se filtró entre los medios de comunicación un borrador del Gobierno de Mariano Rajoy del anteproyecto de ley de Reforma Integral de los Registros en el que se incluyen unas modificaciones en el procedimiento de acceso y pérdida de la nacionalidad española.

Entre los procedimientos más novedosos está el establecimiento de un examen oficial de "lengua e integración en la sociedad española" para los solicitantes de nacionalidad. Ahora tendrán que demostrar sus conocimientos de español y su grado de integración, en una prueba que se incorporará a un "acta notarial", en la que se hará constar, que el solicitante ha superado el examen oficial que permita acreditar un grado suficiente de conocimiento del castellano y de integración.

Esta medida es considerada por los colectivos de inmigrantes como una privatización parcial del procedimiento, que por una parte seguramente representará un incremento de los costes para los solicitantes, es decir, se hará una mayor caja a costa de todos los extranjeros que soliciten la nacionalidad.

Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los nuevos inmigrantes en España proceden de Marruecos y Rumanía, este requisito es claramente un impedimento para acceder a la nacionalidad, ya que estos son generalmente integrantes de otras culturas y lenguas alejadas al estereotipo nacional que se promueve en el nuevo borrador.

Pero la norma se pone más espinosa en su artículo 25, donde se incluyen las nuevas rutas para acordar la pérdida de la nacionalidad española. En el documento aseguran que se perderá por "razones imperativas de orden público o de seguridad o interés nacional" además cuando se "entre voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero".

Discutiblemente, el borrador del Ministerio de Justicia promueve unos estereotipos nacionales muy alejados de la España multicultural, multiétnica y multinacional que se intenta promover desde los colectivos sociales, y simplemente hay que acercarse a un colegio de educación primaria, donde no se entiende de nacionalidades sino de personas que residen en un mismo territorio, pero que en muchos casos no comparten derechos. Y es que siguen poniendo fronteras a las fronteras.