EL pasado 14 de junio, diferentes instituciones y expertos, todas ellos vinculadas de algún modo al mundo de la gestión hidráulica, presentaban un manifiesto que demandaba para Andalucía una administración hidráulica más austera y respetuosa con el principio de unidad de cuenca. El momento de esta presentación no era casual ni caprichoso, pues el Gobierno andaluz podía aprovechar el proceso de modificación parlamentaria en que se encontraba la Ley de Aguas tanto para reforzar la aplicación del principio de unidad de cuenca a su política hidráulica, como para dotar a ésta de un marco administrativo más racional y austero.

Y sin embargo, el Gobierno andaluz no ha hecho ni una cosa ni la otra. Así, en relación con el principio de unidad de cuenca, lo que ha hecho el grupo socialista es directamente eliminarlo del texto, corrigiendo así la enmienda del Partido Popular que había aprobado por error en el Parlamento. En relación con la configuración de un marco administrativo más racional y austero, y más ajustado a la situación económica actual, el Gobierno andaluz en efecto ha planteado algunos cambios que se sitúan más en el territorio de la cirugía estética que en el de la intervención quirúrgica que verdaderamente necesitaba la administración hidráulica andaluza.

Esos cambios se han decidido además sin contar en ningún momento con la opinión de los usuarios -y según se dice, sin contar siquiera con la opinión de los actuales responsables de la política hidráulica andaluza, sino por los estrategas del Mando Mayor, situados en otros departamentos de la administración andaluza-, improvisándose a toda prisa y obligando a adaptar de forma apresurada la Ley de Aguas de Andalucía. Lo hemos visto con la selección española. Cuando se juega bien, se puede perder, pero lo normal es que gane. Cuando las cosas se hacen mal, lo normal es que salgan mal, y, de los cambios precipitados, repentinos y no negociados que ha diseñado el Gobierno andaluz, difícilmente podemos esperar nada bueno.

Lo poco que sabemos, no nos gusta. No nos gusta en absoluto que las competencias sobre el agua vayan a quedarse desperdigadas en distintos ámbitos de la Consejería y diluidas dentro de unas competencias generales sobre medio ambiente. No nos gusta en absoluto el socio de viaje que se propone: nada menos que Egmasa, una empresa pública que nos da poca garantía. No nos creemos que esta reforma vaya a generar ahorro alguno, porque no va acompañada de ningún recorte laboral, y más bien sospechamos que va a provocar algunos costes añadidos, al menos a corto plazo, en reforma de logotipos, integración de sistemas, etc. Y desde luego no soluciona el problema de politización y confrontación provincial que planteaba la estructura de la Agencia Andaluza del Agua, pues los delegados provinciales de Medio Ambiente mantendrán y posiblemente reforzarán sus atribuciones y competencias sobre el agua, en lo que resulta un verdadero despropósito que no sólo atenta contra el principio de unidad de cuenca sino que deja la responsabilidad de decisiones básicas en políticos sin preparación ni experiencia técnica para asumirlas.