El Gobierno fracasa con la 'Ley Sinde'

EL Gobierno no ha podido sacar adelante la conocida como Ley Sinde: el proyecto apadrinado por la ministra de Cultura para lograr el cierre de las páginas web que permiten a los usuarios de internet descargarse, sin permiso y gratuitamente, archivos de películas, música y programas de TV que están protegidos por derechos de autor. El origen de este fiasco radica en la extrema debilidad del Gobierno, abandonado por su aliado más sólido (PNV), que respaldó los presupuestos de 2011, lo que le obligó a negociaciones de última hora con CiU e incluso con el PP, que se saldaron sin éxito. Hay que subrayar que el Ejecutivo no ha concedido a su propio proyecto de ley la importancia que tiene, ya que lo introdujo en una disposición adicional de la ley de economía sostenible en lugar de provocar un debate específico, en el que quizás podría haber pactado con el PP a cambio de un mayor control judicial de las sanciones previstas para las actividades de pirateo en la red, sobre todo la del cierre de las páginas objeto de vigilancia y represión. De este modo se ha frustrado una salida correcta a un conflicto de gran impacto social y repercusión mediática. Y eso que el planteamiento general del Gobierno partía de la base de no perseguir al internauta que se descarga un archivo protegido, sino al sitio que lo facilita, que hace negocios vulnerando los derechos que los creadores de música o cine tienen a ser remunerados por su trabajo creativo, al igual que lo hacen las compañías telefónicas que contratan sus servicios a los internautas. La debilidad del actual Gobierno, en definitiva, aplaza la solución a un problema que más pronto que tarde tendrá que abordar la sociedad española. Y habrá de hacerlo partiendo de la premisa de que el ciberespacio no debe servir para actuaciones delictivas, pero definiendo escrupulosamente los supuestos perseguibles, las sanciones a que sus autores se hacen acreedores y las garantías jurídicas que precisará cualquier proceso en este sentido, que nunca debería quedar en manos de autoridades administrativas o comisiones presuntamente independientes. Habrá que intentarlo con una ley mejor y un talante más adecuado.