La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla decidió ayer desestimar el recurso presentado por el Ministerio Fiscal y por la defensa de Manuel Ruiz de Lopera contra el auto de medidas cautelares que la juez Mercedes Alaya dictó el pasado 16 de julio y que, entre otras cuestiones, prohibió la venta del paquete de acciones de Farusa a Bitton Sport, embargó dicho paquete accionarial y colocó una fianza de 25 millones de euros a Lopera, ante el presunto perjuicio realizado sobre el Betis. La Audiencia, con esta resolución contra la que no cabe recurso alguno como se hace constar en el mismo, reconoce que todas las decisiones tomadas por la juez se ajustan a derecho, por lo que su nombramiento de tres administradores judiciales para el paquete de acciones de Farusa -lo que posibilitó posteriormente Rafael Gordillo fuera nombrado presidente- tiene validez.

La noticia saltaba al filo de las dos de la tarde y el impacto dentro del beticismo fue inmediato. La decisión de la Audiencia era esperada por todas las partes, ya que su fallo otorgaría estabilidad al órgano directivo del club, a la vez que justificaría la instrucción que viene realizando la juez ante el presunto delito cometido por Lopera en su gestión del Betis.

"Desde nuestro punto de vista, lo que viene a introducir es estabilidad. El Betis necesitaba que las medidas judiciales se tomasen con rapidez, ya fueran a favor o en contra. La incertidumbre nos restaba potencia a la hora de negociar patrocinios para buscar vías de dinero para el club", comentó el administrados judicial y actual vicepresidente, José Antonio Bosch, que también se pronunció sobre el futuro más inmediato tras el fallo de la Audiencia, que incluso pasa por un cambio de consejo: "Es difícil fijar un tiempo en los procedimientos penales, pero al menos esta situación se mantendrá unos dos años. La idea es que en meses pasemos a un segundo nivel, que se nombre un nuevo consejo y un nuevo presidente para el futuro".

Con una opinión parecida se expresaba Adolfo Cuéllar, presidente de la Liga de Juristas Béticos -una de las partes demandantes-, a la hora de valorar la decisión de la Audiencia. "Esto otorga una gran serenidad a todo el mundo. La resolución de la Audiencia viene a certificar que los indicios son sólidos, aunque la presunción de inocencia de Lopera esté incólume hasta que se dicte sentencia. La resolución nos tranquiliza porque indica que las cosas se están haciendo de forma razonable. Me permito decir que es un éxito de la juez de instrucción, que ha trabajado con seriedad. Desde que ejerzo de abogado nunca había visto en Sevilla un tratamiento igual hacia una juez, a la que se ha intentado machacar. No se puede consentir que desde Lopera u Oliver se dijera que la juez prevaricara, lo que era un disparate".

Entre los indicios, la Audiencia señala que el informe presentado por dos peritos, aunque se refiere sólo a los años 1993-98, recoge una serie de operaciones realizadas por Lopera que "han ocasionado al Betis un perjuicio económico de más de diez millones de euros", por lo que una fianza de 25 millones de euros no es "desproporcionada". Además, de manera indiciaria, según la Audiencia, los peritos dan cuenta de una "administración desleal y el consiguiente abuso de poder que le otorga poseer la mayoría de las acciones, haber sido presidente del Consejo de Administración" y ser dueño de "las sociedades instrumentales que han provocado el vaciamiento patrimonial del Real Betis".

Lopera, por su parte, emitió un comunicado en el que indicó que buscará "en otras instancias" el amparo que le negó la Audiencia de Sevilla. Aunque lo único claro es que ésta ayer ratificó la instrucción de la juez Alaya, lo que permitirá la estabilidad del actual consejo.