El gobierno de Juan Ignacio Zoido aprueba este viernes en el Pleno desviar inversiones por 29,1 millones de euros de ejercicios presupuestarios anteriores que iban a los barrios para otro fin: la construcción del tramo de la SE-35 que necesita la multinacional Ikea para su segunda tienda en San Nicolás Oeste, junto al aeropuerto de Sevilla.

El tramo de la SE-35 en cuestión va de la carretera de Brenes (A-8008) hasta la avenida Emilio Lemus de Sevilla Este, así como de Palmas Altas al El Pítamo. Se trata de una obra con polémica porque atraviesa una zona verde de reciente construcción que fue financiada con fondos europeos: el Parque Tamarguillo que da servicio a los vecinos de Parque Alcosa, contrarios a esta obra.

Se trata de una modificación presupuestaria de partidas de los años 2007, 2008 y 2009 que iban a servir para acondicionar el Paseo de las Delicias, reparcelar el barrio de Torreblanca Oeste, financiar la adquisición de sistemas generales de Palmete, remodelar el viario del entorno del Prado de San Sebastián y remodelar los paseos de Torneo, según el expediente que el área de Urbanismo somete hoy a aprobación definitiva del gobierno municipal. Otras partidas anuladas también iban a la dirección de obras de convento de Santa Clara, del Monasterio de San Jerónimo, del Auditorio de la Cartuja y del edificio de la Plaza de la Gavidia, así como para la redacción del proyecto de equipamiento del Parque Miraflores y de puente de Palmas Altas.

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez (PP), dijo este jueves que el dinero que se va invertir en la SE-35 son remanentes "que no se ejecutaron por falta de gestión" y defendió "esta manera eficaz de gestionar el dinero para dar pasos hacia delante en nuestra ciudad". El delegado añadió que el dinero no se había gastado antes "porque se había pasado el plazo o bien por falta de proyección de las obras, lo que deja claro la incapacidad del anterior gobierno para gestionar el dinero de los sevillanos".

Ecologistas en Acción y vecinos denunciaron este jueves el perjuicio que implica este desvío presupuestario para zonas densamente pobladas y con carencias manifiestas, como es el caso de Torreblanca, donde se recortan 1,5 millones de euros. Los vecinos de Torreblanca califican de "injusto" que se quite el dinero previsto para urbanizar un terreno donde iba la vía de salida del barrio hacia Sevilla Este y, en el futuro, casi 2.000 viviendas. "Es injusto que quiten dinero a los barrios con más deficiencias para dárselo a Ikea", protestaba ayer Juan Antonio Quirós, de la directiva de la asociación La Casa del Barrio.

Urbanismo aclara que la parcela de Torreblanca es propiedad en su mayor parte de la Junta (Empresa Pública del Suelo de Andalucía) y ésta anunció recientemente que no tiene previsto, en la actualidad, urbanizar ese sector por la falta de demanda y de disponibilidad económica. "A la vista de que no existe, hoy por hoy, intención de desarrollar urbanísticamente estos suelos, no tiene sentido mantener una cuantía para un proyecto de ejecución de sistemas generales vinculados a esta pieza de suelo", asegura Vílchez, quien añade que estos sistemas generales se harán cuando se aborde su desarrollo urbanístico.

La asociación ciclista A Contramano denunció "el uso de fondos públicos para financiar intereses privados" y advierte que los 1,8 millones de euros para la reurbanización del entorno del Prado hubieran bastado para financiar la reforma de carriles-bici y la creación de zonas verdes que solucionara los defectos que actualmente presentan, así como para la creación de nuevas zonas verdes en terrenos ahora dedicados al aparcamiento irregular.