COMO si fuera premonitorio, Eduardo Miura, en una entrevista publicada en Diario de Sevilla tres días antes del comunicado de las cinco figuras que vetan a la empresa Pagés, advertía que "es el momento de salvar este barco -refiriéndose al conjunto de la industria taurina-, siendo generosos unos sectores con otros". Lo decía un ganadero con más de siglo y medio de abolengo.

La decisión conjunta de Morante, El Juli, Manzanares, Perera y Talavante de negarse a torear en la plaza de Sevilla si continúan los actuales gestores -Eduardo Canorea y Ramón Valencia- ahonda en la distancia abismal que actualmente separa al sector empresarial -que no quiere ceder un ápice en sus beneficios- y a las máximas figuras -quienes tampoco quieren ceder un ápice en sus honorarios-.

No estamos aquí ante el G-10, ese grupo de toreros (entre ellos se encontraban los citados) que se formó para reivindicar sus derechos televisivos de otra manera y, por ende, sus honorarios. De hecho, aquel grupo se rompió y hay diferencias importantes entre varios de ellos. En la postura actual, los modales del empresario Eduardo Canorea -como denunciaban los diestros y ya publicamos el pasado viernes- han sido determinantes. Hablan de falta de respeto. Y es que una cosa es la negociación con sus apoderados de manera individual y otra, muy distinta, desacreditar públicamente a los cinco toreros y a los representantes de su gremio. De estos últimos -Juan Diego, El Fundi y Gómez Escorial-, dijo: "Son unos mandaos. No tienen capacidad de decisión". Y de las figuras: "¿Dónde están Manzanares, Julián López, Morante, Talavante, Perera?...Alguno en el limbo, otros en la parra y otros más allá del limbo y de la parra". Incluso llegó a mandar a José Tomás a Senegal "si va a cantar Quiero la recaudación".

La respuesta de los diestros no ha sido un arrebato. Incluso ni han contestado a los gestores. Enviaron directamente, en un comunicado, su decisión de no torear a los propietarios del coso, solicitando que pongan a la empresa Pagés en la calle.

Dentro de un mundo tan opaco como el taurino, nadie ha podido desvelar los términos concretos del contrato generacional de la empresa Pagés con la Maestranza -tercera generación: Eduardo Pagés, Diodoro Canorea y Eduardo Canorea-, ni siquiera la fecha de extinción. Lo he preguntado en distintas ocasiones a varios maestrantes y a los empresarios. Sin respuesta. Eso es un elemento esencial para la decisión que tome la Maestranza con respecto a los gestores.

En el fondo, entre las raíces más profundas, subyace la cuestión económica, porque la plaza de Sevilla es de las más caras y de las que mayor recaudación consigue. Algo que, como es lógico, siempre barajan los toreros. ¿Cobran demasiado estos diestros o son los empresarios y la propiedad los que se llevan la parte más sustancial?... Sin datos, -¡y nadie, salvo las partes interesadas, los tienen!- es imposible saber quién debe ceder en este sentido.

Cualquier vaticinio sobre el futuro de este conflicto no pasa de la mera especulación, máxime sin tener en cuenta los datos que apunto. Se habla de que los maestrantes tendrán que dialogar con este grupo de toreros y que los empresarios han pedido cita a los dueños. Si los toreros continúan en sus trece y el contrato entre propiedad y empresa gestora no tiene fecha de finalización en breve es una patata caliente para los maestrantes.

Además de las formas, ojo al contenido. Desde que Eduardo Canorea y Ramón Valencia gestionan la plaza se quedaron fuera, de manera sonada, individual y en distintos años, Morante, El Juli, Perera..., posteriormente acabaron arreglándose; como se dice en el argot. Pero esto es más grave. Será la primera vez en la historia del toreo que cinco figuras se han unido para pedir la cabeza de una empresa. Si la Maestranza mantiene a Canorea y Valencia y los toreros cumplen su amenaza, supone que el ya resquebrajado abono descenderá ostensiblemente. No olvidemos que los actuales gestores han reducido el número de espectáculos en las últimas temporadas y se han cargado fechas tradicionales. Tampoco sabemos, con datos claros, cual es la situación económica al respecto; ya que, repito, no hay datos oficiales en ningún aspecto de esta plaza de toros. En este sentido, la peculiaridad de que la propiedad sea particular en lugar de pública, como la mayoría de recintos taurinos en España, y que no exista el deber de publicarlos oficialmente impide el conocimiento del reparto de beneficios. Por otro lado, en otros conflictos que han sucedido entre toreros contra gestores y la propiedad del inmueble, es de la Administración, siempre se ha contado con la misma como árbitro. Aquí, si unos y otros mantienen su palabra, no hay solución. Y el abono y la temporada en Sevilla sufrirán un revés enorme. En cualquier caso, hasta que suenen clarines en el Domingo de Resurreción, hay tiempo para acuerdos y soluciones. No olvidemos que el euro es el euro...

Sin duda, la decisión de los maestrantes será decisiva para el devenir de una plaza que en muchos sentidos -no sólo en el económico y artístico- es la joya de la corona ¿Echará la Maestranza a Canorea y Valencia, como exigen los toreros, cederán éstos, o todo quedará en una simple tormenta en un vaso de agua?... Los maestrantes tienen la palabra.