El Pleno de Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha aprobado este jueves, con el único voto en contra de Adelante y a favor del PSOE, el PP, Cs y Vox, la declaración de utilidad pública e interés social y el inicio del expediente del rescate de la concesión por 40 años de la explotación del complejo Aljarafe Center: las dos torres, en las que funcionó un hotel, aparcamientos y oficinas y con las que se financiaron en su día la construcción del que iba a ser el intercambiador de transportes, junto al Metro, así como la plaza pública exterior. La operación se ha cuantificado en 5,5 millones de euros.

Se trata de uno de los principales sistemas generales del actual PGOU de Mairena, según ha recordado el alcalde, Antonio Conde (PSOE), quien para subrayar la importancia de gestionar este espacio ha destacado que hay un aparcamiento de 1.000 plazas ahora cerrado, así como las pocas plazas hoteleras que tiene la ciudad (junto a otras en Simón Verde) y ya se ubican allí la principal biblioteca pública y hay negocios en marcha, entre ellos, una clínica a la que acuden vecinos de toda la comarca.

"Hay un problema en el centro de la ciudad, desde el punto de vista inmobiliario y económico y esto puede ser la solución", defendió, y puso el acento en que la propuesta tiene que ver con una cuestión de "estructura de la ciudad".

De la misma forma, la portavoz del gobierno municipal, Marta Alonso, destacó que es una "oportunidad" para el Ayuntamiento el poder recuperar el "control" del complejo, que dará seguridad a las empresas que siguen alquiladas y evitará que, con otra sociedad mercantil, el problema se repita. También incidió en que el estudio económico elaborado por los técnicos municipales concluye que esa explotación municipal es "viable" y que el complejo está tasado en 22 millones de euros. A la vez, dejó claro es el inicio de un proceso que no será rápido. Sólo "empezamos a dar pasos", con la intención de "consensuar cada una de las decisiones". 

La obras de esta zona, ubicada junto a la parada de Metro de Ciudad Expo y el Centro Comercial Metromar, arrancaron en 2005. En 2010 se inició la explotación, que iba a ser por 40 años. Pero sólo cinco años después, la filial de Sando que tenía la adjudicación se declaró en concurso de acreedores. Desde entonces, los intentos de la administración concursal porque otra entidad se hiciera cargo no han surtido efecto y las propuestas que han llegado se rechazaron.

Se da la circunstancia además de que Caixabank, que financió a la promotora para las obras , presentó una reclamación de 40 millones de euros al Ayuntamiento. En 2020 un juez ya dio la razón al Consistorio y rechazó que éste deba responder por ese crédito, aunque la entidad ha recurrido.

Este hecho fue uno de los esgrimidos por la edil de Adelante Rosalía Abad para justificar el único voto en contra de esa declaración de utilidad pública, por el temor de que la operación no salga sobre lo previsto y, si el proceso judicial no sale cómo se espera, tenga consecuencias económicas para la ciudad.

El portavoz del PP, Ricardo Tarno, respaldó la propuesta de "rescate anticipado" de un "espacio esencial de la ciudad", coincidió. El de Vox, Juan Miguel Espinar, se refirió ya a los posibles usos futuros de este complejo y propuso el traslado de más servicios administrativos del ayuntamiento, así como que pueda servir para albergar un centro de negocios para autónomos y profesionales, con ventajas fiscales. Cs no intervino en el debate, pero también apoyó con su voto la operación.