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Caso de los ere

Aguayo admite en el TSJA que no se leía los informes de la Intervención

  • La ex consejera de Hacienda los pasó por alto tras comprobar que "no eran de actuación". Nunca consideró que el control previo de las subvenciones fuera mejor que el posterior.

"Me siento como Elizabeth Taylor haciendo el paseíllo". Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Hacienda y Administración Pública, bromeó a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en Granada, ante la expectación mediática generada. Entró al edificio a las 09:45 para declarar voluntariamente como imputada por su presunta implicación en el caso de los ERE. Su comparecencia ante el magistrado Miguel Pasquau Liaño duró unas dos horas, durante las que reconoció que no se leía los informes de la Intervención de la Junta.

 

Según informaron fuentes del caso, Martínez Aguayo, que ha sido imputada por prevaricación y malversación de caudales públicos, admitió que no se leyó el famoso informe de la Intervención de la Junta que alertaba de las irregularidades, porque recibía más de 100 informes al año. Y añadió que nunca entendieron que hubiese que hacer nada ante los informes de la Intervención Según la ex consejera, ni el que también fuera consejero de Economía -entonces José Antonio Griñán, posteriormente presidente de la Junta- ni el Consejo de Gobierno de la Junta vieron esos informes de la Intervención.

 

La ex titular de Hacienda y Administración Pública explicó que miraba esos informes para comprobar que no fueran informes de actuación, que aparecen recogidos en el artículo 12.5 del decreto 9/1999, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta. Ese artículo determina que el informe de actuación se emitirá por la Intervención en aquellos casos "en que los responsables de la gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas" o también cuando se "aprecien circunstancias que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos". Y como los informes recibidos no eran de actuación, Martínez Aguayo, según admitió, los pasó por alto sin leerlos.

 

Asimismo, la ex consejera manifestó que era conocido que el interventor quería cambiar el sistema de transferencias de financiación a la Encomienda de Gestión, que se implantó en 2010. La ex consejera no veía mejor el control previo al posterior de las ayudas, y entendía que lo que la Intervención ponía de manifiesto eran "discrepancias contables". También explicó en su declaración ante el instructor que la terminología que se enviaba al Parlamento sobre el uso que se iba a dar a las transferencias de financiación "no era totalmente clara".

 

La ex consejera reconoció que cuando llegó a la viceconsejería ya se habían aprobado dos cuentas anuales, donde se señalaba que se iban a hacer transferencias de financiación para el pago de subvenciones sociolaborales. El uso de esas transferencias para el pago de las ayudas es considerado inadecuado por los peritos y la juez Mercedes Alaya.

 

En cuanto al desarrollo del interrogatorio, el TSJA explicó que el instructor expuso a la ex consejera los hechos que indiciariamente se le imputan según la exposición razonada presentada por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. A continuación le dio la oportunidad de pronunciarse sobre los mismos.

 

En la declaración estaban presentes la Fiscalía, la acusación particular ejercida por el Partido Popular, la defensa de Francisco Vallejo y la defensa de Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo. Ni la Fiscalía ni la defensa de Francisco Vallejo realizaron ningún tipo de pregunta y la ex consejera declinó contestar a las preguntas de la acusación particular. Tan sólo el magistrado instructor y la defensa de Carmen Martínez Aguayo le formularon preguntas. Las partes no solicitaron ningún tipo de medida cautelar.

 

En declaraciones a los periodistas a su llegada, la ex consejera dijo que comparecía "con total tranquilidad" para explicar la gestión que realizó al frente de la Consejería de Hacienda, así como con "la confianza de que quedará todo aclarado". Recordó que ya compareció en una comisión de investigación en el Parlamento e insistió en que iba a declarar "desde la tranquilidad de haber hecho siempre mi trabajo dentro de la legalidad y poniendo todo mi mejor saber y entender".

 

También atendió a los periodistas a su salida del alto tribunal, que se produjo sobre las 12:00, y se confesó "muy satisfecha" y "contenta" por haber podido comparecer. "Creo que he aclarado todos los temas y estoy contenta de haber podido aclarar por fin lo que ha sido mi gestión publica, de plena dedicación, totalmente honrada, dentro de los márgenes de la legalidad y espero que mi honor quede restituido", manifestó.

 

La ex consejera dijo esperar "que esto sirva para que quede claro todo este asunto" y resaltó que tenía ganas de comparecer desde hace tiempo. "A veces los tiempos de la Justicia no son los que son pero yo tenía muchas ganas de hacerlo y me siento satisfecha y tranquila de haberlo hecho".

 

Sobre el desenlace que espera de la causa fue contundente. "Confío plenamente en la Justicia y desde ese pleno convencimiento de mi honradez y mi honestidad profesional, y ese pleno respeto a la Justicia, espero que las cosas se sobresean y quede la cosa en un punto final", expresó.

 

El martes también compareció el ex consejero de Economía de la Junta de Andalucía Antonio Ávila, que asimismo había pedido declarar de forma voluntaria. Éste afirmó que no tenía "nada que ocultar", que había actuado siempre con "honestidad" y que no había participado en ninguna "irregularidad".

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