El ex consejero José Antonio Viera intentó ayer en su declaración en el Tribunal Supremo (TS) convertir en humo lo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera conclusiones muy sólidas sobre su papel en el entramado de las ayudas fraudulentos. Los investigadores nunca han dudado de la "participación esencial" del ex alto cargo autonómico dentro del "marco de corrupción" que hizo posible favores "de manera desmesurada", con la colaboración con miembros del consejo del Instituto de Fomento Andaluz (IFA), a personas de su entorno, con las que comparte "afinidades políticas", en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla.

Viera vino a proclamar ayer sobre este particular  en el TS que en esa zona sólo realizó "alguna gestión política" y que no tiene ninguna relación familiar con ningún empresario de dicha comarca. La tesis del ex consejero, que contrasta con la de los investigadores de la UCO, se reduce a intervenciones orgánicas derivadas de sus funciones en el organigrama del PSOE. Sin embargo, los agentes recalcaron siempre su intervención clave en unas decisiones que permitió que los beneficiarios asociados a esta comarca obtuvieran ayudas por importe total de 56.401.307,43 euros.

Para la UCO, la discrecionalidad de las  ayudas favoreció que muchas subvenciones "terminaran en manos de personas y empresas que por un motivo u otro estaban próximas al entorno de cargos de la Junta o del PSOE". Para los investigadores de la Guardia Civil, "no es que los responsables de la Consejería, entre los que se encontraba Viera, y su equipo no conocieran cómo tenían que actuar, sino que a juicio policial deliberadamente habrían omitido todo el procedimiento legalmente aplicable y todos los controles de la Intervención para disponer de los fondos públicos de manera discrecional a favor de los terceros por ellos determinados".

La UCO se mostró muy contundente al colegir que las empresas de la Sierra Norte sevillana recibieron  entre 2001 y 2010 esos 56.401.307,43 euros de los 85.442.982,73 euros concedidos en toda Andalucía. Eso significa que esta comarca se hizo con el 66%  del total  de las "ayudas a empresa" concedidas por la Consejería de Empleo, lo que para la UCO supone un "serio indicio de irregularidad". Las subvenciones, además, fueron a caer a manos del "tándem Rosendo-Sayago".

Sólo en un consejo rector del IFA, celebrado el 30 de enero de 2004, se dio luz verde a 13 convenios para la Sierra Norte por un montante de 16 millones. Parte de esta cantidad fue a parar a sociedades vinculadas a ese "tándem", para el que además trabajaba "en ese momento" la hija de Viera. Este "marco de corrupción", como insistió en definirlo la UCO,  propició que muchas de esas ayudas se tramitaran "de forma opaca con el propósito de favorecer" a los empresarios y "evitar la transparencia, la justicia de los procesos de adjudicación y una fiscalidad adecuada".

Por ello, los investigadores no dudaron en determinar que "el desequilibrio y el dispendio de los fondos públicos" a favor de la  comarca de la Sierra Norte de Sevilla llamó "poderosamente la atención", precisamente en el período en el que Viera ostentó la máxima responsabilidad al frente de la consejería.