El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, se calificó ayer en el Parlamento andaluz como una "víctima más" de la estrategia orquestada por algunos sectores y partidos con el objetivo de "atemorizar" a la Administración a la que representa mediante actuaciones judiciales.

Arellano rompió su silencio 24 horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) archivara las diligencias abiertas por considerar que "no existen indicios suficientes" de la comisión de los delitos de prevaricación y falsificación en la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Hispalense (Centrius) cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.

El consejero agradeció el apoyo "constante y continuo" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, cuyo Gobierno ha recibido "un ataque desmesurado y excesivo". Además, Arellano aseguró que el proceso que ha atravesado durante los últimos meses "no es una cuestión aislada". Por este motivo, defendió que la Administración, tanto los funcionarios como los responsables políticos, "necesitan, con nuestro ordenamiento jurídico, tener cierta discrecionalidad en su comportamiento para atender las necesidades de la gente".

Para Arellano, la situación vivida recientemente es una advertencia para todos: "Lo que le interesa a los poderosos es que los responsables políticos y los funcionarios se derrumben, se vengan abajo y renuncien a defender a las personas porque tienen miedo". Además, añadió que en su experiencia "irse a los tribunales es lo más fácil para la gente más pudiente".

Arellano recordó, en este sentido, que el Decanato del Colegio de Arquitectos ha presentado en ocho años once pleitos de carácter contencioso administrativo a la Universidad. "Los colegios suelen tener una actitud de colaboración, es su obligación legal, y no caer en la deriva del pleito, que es consumir recursos públicos, tiempo y energía en una cosa inútil", subrayó. Sobre el "ataque de carácter general que no ha visto límites y ha sobrepasado la normalidad" sufrido por la Junta como consecuencia de la instrucción de la causa por parte del TSJA, el consejero señaló que "tiene que acabar cuanto antes".

Arellano se suma así a la tesis defendida por dirigentes de la Junta de que la judicialización extrema de casos como el que investiga los ERE fraudulentos o los cursos de formación, alentadas de forma especial por partidos como el PP, persiguen no sólo esclarecer posibles abusos cometidos con el dinero público, sino también paralizar el funcionamiento del propio Gobierno andaluz. Además, este discurso, defendido por los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán durante la comisión parlamentaria de las ayudas a la formación, por ejemplo, alerta de los efectos perniciosos para todo el entramado administrativo del Gobierno andaluz, ya que el miedo a una posible imputación se ha instalado en todas las escalas de funcionarios a la hora de gestionar determinados asuntos, lo que dificulta el funcionamiento normal de la Junta.

Arellano culpa sobre todo al PP de esta caza de brujas, pero también a Podemos, que indicó que el archivo de las diligencias abiertas contra Arellano "supone la eliminación de la sombra de la corrupción sobre un alto dirigente de la Administración autonómica". El consejero puntualizó que en todo momento se trataba de una cuestión administrativa que "nada tiene que ver con la corrupción". De este modo, el dirigente de la Junta afirmó que "ha habido actitudes que deberían invitar a la reflexión, ya que cuando se precipitan las conclusiones se magnifican, se cae en considerar que la denuncia presentada tiene un valor absoluto y se suele perjudicar a las personas, su familia y amigos". En el otro lado de la balanza situó a los líderes de IU, Antonio Maíllo, y Ciudadanos, Juan Marín, a los que aplaudió porque desde que se presentó la denuncia hace un año "han tenido una actitud razonable y sensata".

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, por su parte, denunció además que representantes "de la vieja y de la nueva política", por PP y Podemos, han intentado en los últimos meses ganar "con malas artes" lo que no ganaron en las urnas. Díaz incidió en la estrategia seguida por dichos partidos de "difamar a representantes públicos de la Junta que están hoy con las causas archivadas, absueltos y fuera de cualquier proceso judicial", como la directora general de Minas en el caso Aznalcóllar o los ex gerentes del SAE. También pudo aludir a la ex delegada de Empleo de Jaén, Irene Sabalete, ya que el Juzgado número 4 de Jaén archivó ayer las diligencias contra ella por el caso de los cursos de formación.

Díaz aseguró que "24 horas después" sigue "esperando disculpas" por parte de aquellos "que hicieron grandes declaraciones y se rasgaron las vestiduras sólo por intentar sacar rentabilidad política".