El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, insta a la Junta de Andalucía a expropiar a las entidades bancarias las viviendas protegidas que mantienen vacías para dar respuesta, de este modo,  al creciente número de familias andaluzas golpeadas por la crisis y en riesgo de exclusión. "Es un escándalo que exista un parque de VPO que los bancos mantienen cerradas a la espera de que suban de nuevo los precios", lamentó ayer Chamizo tras recordar que estas viviendas han sido construidas con dinero y en suelo público, al menos, parcialmente.

A través de una  sugerencia remitida  a la Consejería de Fomento y Vivienda, el Defensor plantea a la Administración andaluza una serie de medidas para afrontar el "desbordante" número de quejas y súplicas que a diario dirigen a esta oficina familias andaluzas, que están desesperadas ante la imposibilidad de pagar la hipoteca por la falta de trabajo. En primer lugar Chamizo propone la creación de un inventario de las VPO que están en manos de las entidades financieras y que permanecen cerradas, dentro de unos plazos definidos. El siguiente paso sería lograr una negociación para que los bancos s oferten estos pisos protegidos en régimen de venta o alquiler social con unos precios asequibles para las familias.

Chamizo recordó la legislación que obliga a los propietarios de VPO, ya sea una persona física o jurídica, a dedicar estas viviendas a domicilios habituales y permanentes. "Los bancos tienen la obligación de poner precios adecuados" para dar salida al mercado estos inmuebles. Y en el caso de que las entidades financieras no cumplan, "vemos la posibilidad de la expropiación, por el incumplimiento de la acción social de la propiedad".

La normativa (Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo en Andalucía) es clara al respecto: "Con independencia de las sanciones que procedan, existirá causa de utilidad pública o interés social, a efectos de la expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas protegidas".

En el escrito remitido a la Consejería de Fomento y Vivienda, el Defensor expone que estos pisos "no puede estar bajo titularidad de las entidades financieras de manera indefinida, mientras un amplio sector de la población que crece día a día se encuentra en situación de exclusión del disfrute de este derecho -una vivienda digna-, al no poder acceder al mercado libre".

Otra de las peticiones dirigida a los bancos se centra a facilitar a las familias, dentro de los requisitos legales, los préstamos. Y es que a la Oficina del Defensor han llegado dos casos, de momento, de funcionarios a los que las entidades niegan el préstamo para afrontar la hipoteca pese a que las cuantías no superan entre el 20 y  el 30% de sus salarios.

La crisis y el progresivo empobrecimiento ha cambiado de manera radical el perfil de la familia al borde del desahucio: Parejas que tenían un estatus de clase media, con hijos, que ahora están en el paro; que no encuentran trabajo y que no pueden abonar la hipoteca. Cada día al área de Vivienda del Defensor Andaluz llegan entre cuatro o cinco cartas escritas en la mayoría de los casos por mujeres que piden ayuda ante situaciones desesperadas. "Tenemos que valorar ya la beneficencia como solución a esta emergencia social", lamentó Chamizo.

Abogados para los más afectados

El Defensor del Pueblo Andaluz ha remitido una queja de oficio e información a la Federación de Municipios y Provincias para que en los pueblos con más de 50.000 habitantes se creen en el seno de los ayuntamientos, y con la colaboración de los Colegios de Abogados, oficinas para los afectados en riesgo de perder su vivienda. Se trataría de crear un servicio gratuito de asistencia legal a estas familias para garantizar sus derechos y facilitar el entendimiento con las entidades financieras. Chamizo recomienda a las familias en esta situación que pidan ayuda a un especialista en Vivienda y Derecho en el mismo instante en que reciban la primera notificación. El Defensor también remitirá cartas a los Colegios de Abogados y a la Junta de Andalucía para solicitar la implicación de todas las partes para evitar los desahucios.