LA primera mujer que alcanza la máxima jerarquía en la comunidad autónoma andaluza, Susana Díaz, fue investida ayer como presidenta de la Junta de Andalucía gracias al voto conjunto de los diputados de su partido, el PSOE, e Izquierda Unida (58), frente al rechazo de los diputados del Partido Popular (48) que constituyen la mayoría relativa del Parlamento regional. Tomará posesión de su cargo mañana. El debate con los tres grupos parlamentarios no aportó novedades relevantes sobre las posiciones previas: respaldo absoluto a la candidata de los parlamentarios socialistas, apoyo con exigencias en materia fiscal por parte de IU y hostilidad del grupo popular, cuyo presidente, Juan Ignacio Zoido, reiteró su reproche de que Susana Díaz no ganó las elecciones y que el relevo de Griñán obedece al escándalo de los ERE y responde a una dudosa ética política. Legitimada por la votación de los representantes del pueblo andaluz, que se han atenido a la legalidad estatutaria, la nueva presidenta afronta un reto de considerable dimensión. Para empezar, ha de formar un gobierno que, aparte de su confianza, necesita presentar un perfil de solvencia y preparación innegables y, además, está obligada a hacer desaparecer del organigrama de la Junta cualquier vinculación con el caso de los ERE, ya que el cambio generacional en el poder que ella representa y protagoniza se sustenta en buena medida en la necesidad de combatir la corrupción política que ha marcado la etapa de Griñán. La propia Díaz dio prioridad en su discurso de investidura, el miércoles, a las medidas que propone para la lucha contra la corrupción política y a favor de la transparencia de la Administración autonómica. Por otra parte, la situación económica de Andalucía es tan grave que urge la elaboración de un programa contra la crisis y por el empleo, que sea más concreto y vaya más allá de los lugares comunes que desgranó en su discurso. La sociedad andaluza recibe a la presidenta con una mezcla de esperanza y escepticismo. De ella y de su gestión en los próximos meses depende que la opinión pública llegue a la conclusión de que se ha abierto, en efecto, el tiempo nuevo prometido a la autonomía andaluza o, por el contrario, deduzca que el relevo ha sido puramente nominal y que se mantienen las políticas que han conducido a Andalucía a su mala posición relativa actual. Hay que darle a Susana Díaz un voto de confianza, con el periodo de gracia acostumbrado, y empezar a juzgarla a medio plazo por las cosas que haga su Gobierno, las personas que designe para acompañarla en su gestión y los modos de relación con la sociedad civil que implante en lo que queda de legislatura.