El consejero de Educación, Javier Imbroda, se volverá a reunir la próxima semana con el portavoz de Vox para aclarar el acuerdo que ambos firmaron el pasado 10 de febrero sobre el llamado pin parental. El Gobierno andaluz se encuentra en un serio aprieto por la oposición de Vox a seguir apoyándole, porque no puede ir más allá de lo acordado sobre el veto paterno a determinadas actividades complementarias de los escolares. No obstante, este nuevo episodio de desencuentros entre el PP y Ciudadanos con sus aliados parlamentarios también tiene su origen en las consecuencias del fuego amigo.

Alejandro Hernández, portavoz de Vox, e Imbroda firmaron un acuerdo por el que la Junta garantizaba que los padres serían informados de las actividades complementarias de los escolares, se "implicarían" en su participación y se mencionaba el "respeto" debido a los valores consagrados en la Constitución. ¿Por qué esta salvaguarda? Porque la carta magna garantiza la libertad de los padres para educar a los hijos, pero no de un modo absoluto. Las actividades complementarias para las que Vox está solicitando el derecho al veto paterno son aprobadas en el plan de centro de cada colegio e instituto y cuentan, por ello, con la autorización previa del consejo escolar, donde las familias están representadas.

Vox entiende que algunas actividades relacionadas con la libertad sexual, la transexualidad o la igualdad de género obedecen a lo que este partido denomina adoctrinamiento ideológico. Son, en cualquier caso, aprobadas por los profesores en sus planes de centro y consultados a los consejos. A diferencia de las actividades extraescolares no son objeto de desautorización familiar.

El veto parental, tal como lo entiende Vox, ya fue suspendido en la comunidad de Murcia en 2020 por el alto tribunal de la región. El Ministerio de Educación recurrió el texto del Gobierno murciano, pactado con Vox, y el tribunal lo suspendió de modo cautelar a la espera de adoptar una decisión, aunque en su auto citó el principio constitucional. Al finalizar el curso pasado, el Ministerio retiró el recurso, pero la iniciativa de la Consejería de Educación también remitió. Es por esto por lo que el Gobierno andaluz entiende que la propuesta de Vox también sería rechazada, con independencia de que algunos consejeros tampoco estén de acuerdo con el concepto.

Más allá de las interpretaciones semántica, el acuerdo de Imbroda y Hernández fue aceptado con celebración por las partes, pero el problema llegó desde Málaga y, en concreto, desde el Ayuntamiento, dirigido por el popular Francisco de la Torre. En una comisión municipal, el PP y Ciudadanos sumaron sus votos a una iniciativa de Unidas Podemos para que se solicitase a la Junta la no implementación del pin parental en Andalucía. Sucedió ocho días después del acuerdo entre Vox y el consejero de Ciudadanos.

Este posicionamiento municipal es lo que causó el enfado de Vox, hasta el punto de que Hernández anunció este jueves la suspensión de todo tipo de apoyo a las iniciativas del Gobierno hasta que no se apruebe el pin parental.

Unidas Podemos también presentó en la Diputación de Málaga la misma iniciativa, pero allí sólo encontró el respaldo de Ciudadanos. No el del PP. No es la primera vez que el alcalde malagueño se desmarca del Gobierno andaluz. Esta misma semana, Francisco de la Torre apoyó el modelo de etiquetado Nutriscore, en presencia del ministro de Consumo, Alberto Garzón, días después de que el consejero Elías Bendodo, también del PP, iniciarse una campaña contra este sistema porque, en su opinión, perjudica al jamón de ibérico y ha sido impuesto por "los señores comunistas".

Con intención o no, lo cierto es que el Ayuntamiento de Málaga ha puesto al Gobierno andaluz en uno de los aprietos más serios de esta legislatura. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha contestado que Vox puede poner en peligro el "cambio andaluz", mientras que su consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha señalado que aún hay varios decretos destinado a paliar efectos de la pandemia que tienen que ser validados en el Parlamento.

Lo que Vox ha anunciado es que ni en el pleno de la Cámara ni en las comisiones votarán junto al PP y Ciudadanos para respaldar al Gobierno andaluz. Y seguirá así hasta que no se apruebe el pin. El veto, formulado en otros términos, forma parte del pacto logrado entre Vox y el Ejecutivo que logró la aprobación de los Presupuestos de 2021.