La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación contra el último auto de la juez Mercedes Alaya para que la Audiencia de Sevilla ordene la división de la causa en más de 200 piezas separadas, una por cada una de las empresas investigadas, así como otros dos bloques relacionados con las sobrecomisiones y el procedimiento específico empleado para concesión de las ayudas.

Anticorrupción recuerda que el Supremo ordenó la separación de la causa y, en este sentido, apuesta por hacer varios bloques de piezas, el primero compuesto por más de 200 piezas relacionadas con cada una de las empresas investigadas que se han visto beneficiadas con fondos procedentes de la Junta “sin sujeción a procedimiento alguno u obviando los más elementales” y sin someterse a los principios de “publicidad, eficiencia y justicia social en la utilización de los fondos públicos en materia de empleo y ayudas a empresas en crisis de la Junta”.

Un segundo bloque estaría constituido pro las sobrecomisiones cobradas en la tramitación de las pólizas vinculadas a las ayudas por parte de las consultoras y sindicatos.

Y una tercera pieza sería la relacionada con el denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas, que incluiría el análisis de la legalidad del procedimiento utilizado por la Consejería de Empleo para la concesión de subvenciones sociolaborales, la encomienda de Gestión de 2010, la competencia para el otorgamiento de las ayudas sociolaborales, y la asunción generalizada por la Junta de la obligación del empresario de abonar las prejubilaciones de sus trabajadores despedidos colectivamente,  así como el procedimiento de financiación y contable del IFA-Idea en el ámbito de los programas 22E y 31L, sobre “Administración de Relaciones Laborales”.

Para la Fiscalía, el hecho de que haya existido un procedimiento específico no es óbice para la separación de la causa, puesto que “habrá que acreditar en cada pieza la participación de aquellas personas que siendo imputadas en el procedimiento específico deban ser igualmente imputadas en las piezas relativas a ayudas singulares por su conocimiento y por no actuar permitiéndolo o por su participación activa en el pago de presuntas ayudas públicas”.

Sobre la posibilidad de que se produzcan sentencias contradictorias al existir numerosos juicios, el fiscal señala que “sin negar categóricamente” esta posibilidad, entiende que entre los tres bloques propuestos “no sería relevante tal contradicción ni tampoco que se diera tal contradicción en el primer bloque si este responde a los hechos objeto de enjuiciamiento”.

“La preocupación de esta Fiscalía es precisamente conseguir que estos pronunciamiento se puedan dar en fase de enjuiciamiento evitando la impunidad de conductas y que se pueda recuperar en sentencia los fondos presuntamente malversados, no sólo acudiendo al patrimonio de los concedentes sino también al de los perceptores de los mismos, en su caso”, precisa el recurso, que añade que lo que se está proponiendo con la pieza del procedimiento específico es la “persecución y condena, en su caso, en piezas separadas de todos los que hayan contribuido conscientemente al presunto menoscabo de los fondos públicos de la Junta de Andalucía –primer bloque-, introduciendo en esta pieza aquellos elementos incriminatorios, o de descargo en su caso, que se deduzcan de la utilización del procedimiento específico”, ya sea a través del informe pericial de la IGAE o del testimonio del resto de las piezas.

El fiscal considera que no dividir la macrocausa en piezas “se traduce primero en demorar la conclusión de la instrucción a la investigación de todas y cada una de las piezas que han sido propuestas por esta Fiscalía, lo que supone una instrucción sine die, y segundo en admitir que algunas de estas piezas no van a poder ser enjuiciadas o por falta de recursos en la instrucción o por prescripción de los hechos”.

Dice el Ministerio Público que Alaya ha “obviado” el pronunciamiento que sobre la división de la macrocausa realizó la Sala de lo Penal del Supremo en su auto del 13 de noviembre de 2014, en el que asumió la competencia para investigar a cinco aforados y mencionó el problema de las macrocausas. En ese auto, el Supremo señalaba que “tal como sostiene el Ministerio Fiscal, en principio es posible investigar y enjuiciar de forma independiente los hechos relativos a la ideación, diseño, organización y establecimiento del sistema, así como las actuaciones consistente en decisiones que en el tiempo supusieron su mantenimiento operativo, en las que indiciariamente y según la exposición razonada, han intervenido los aforados ante esta Sala, junto con los hechos concretos imputados a cualquiera de ellos, sin necesidad de proceder, al mismo tiempo, a la investigación, y después y en su caso, al enjuiciamiento conjunto de todas las conductas concretas de ejecución administrativa y material de las acciones permitidas por dicho sistema, imputadas a otras personas”.

El fiscal entiende que “lo acordado” por el Alto Tribunal permite a la juez Alaya proceder a la formación de esas piezas separadas, y aprovecha el recurso para responder a las críticas de la juez respecto a que el Ministerio Público no había aportado un diseño de la división de la causa.  A este respecto, los fiscales recuerdan que la instrucción de los ERE “ha sido llevada a cabo por la magistrada delimitando los hechos a investigar y abriendo, como consecuencia necesaria del resultado de las diligencias que se han venido practicando, nuevas líneas de investigación que se han traducido en una macrocausa de extensión temporal, subjetiva y material prácticamente inabarcable”.

Aún así, matizan, que el resultado “no es consecuencia de decisiones judiciales sino de la propia realidad de los hechos de apariencia delictiva que son objeto de investigación”.

De otro lado, el fiscal solicita que se abra de “forma prioritaria” por la Guardia Civil una nueva línea de investigación para que los informes incluyan un apartado que exponga “la existencia o no de negocios realizados” por los gestores de las sociedades en el momento de la percepción de las ayudas relacionados con la “transmisión de títulos o bienes que puedan haber generado un beneficio favorecido por el mero hecho de la disminución o supresión de la plantilla”, todo ello tras haberse constatado que algunas de las sociedades que recibieron ayudas sociolaborales “procedieron a realizar negocios de transmisión de acciones/participaciones o de bienes propiedad de la misma”, por ejemplo suelos.

El fiscal insiste en que esta línea de investigación debe primar sobre otras por la “necesidad de instar los mecanismos que el derecho articula para recuperar la máxima cantidad de los fondos presuntamente malversados, sobre todo de aquellas personas o sociedades que se vieron directamente beneficiados por los mismos” conforme a las conclusiones del informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El fiscal advierte de que si no se lleva a cabo esta investigación se causa “un indudable perjuicio a la capacidad de la Administración de Justicia de satisfacer el interés social en la recuperación del dinero malversado”.

El Ministerio Público también ha recurrido solicitando que declaren como testigo-peritos los integrantes del equipo de fiscalización de la Cámara de Cuentas, que rechazó igualmente Alaya, al estimar la Fiscalía que esta diligencia es “necesaria y pertinente, sin que quepa su denegación fundamentándola en el carácter institucional de la Cámara ni en el hecho de no ser peritos judiciales”.

Esta declaración, según la Fiscalía, podría además aportar “nuevos elementos de valoración del material obrante en autos”, si se tiene en cuenta que algunos de estos testigos han podido trabajar en informes de fiscalización de “otras empresas y agencias públicas que han sido destinatarias de transferencias de financiación y cuyos informes obran en las actuaciones”, como Extenda, la Empresa de Gestión de Programas Culturales, Dapsa, la empresa pública de Emergencias Sanitarias o la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (Epsa).

El recurso de la Fiscalía critica que la demora de Alaya en pronunciarse sobre otras diligencias de prueba propuestas con anterioridad ha concluido con su práctica “meses después, causando un mayor retraso en la instrucción” –en este punto pone de ejemplo la pericial de la Intervención General del Estado- o bien “su denegación, con la consecuente interposición de recurso contra la misma”. Por ello, el Ministerio Público ha reiterado su petición para que se oficie a la Agencia Tributaria para que informe del estado actual de la pericia y auxilios jurisdiccionales acordados y, en particular, sobre los informes de delitos contra la Hacienda Pública imputados en esta causa, dado que no constan los informes individualizados elaborados por la Agencia Tributaria sobre el impuesto presuntamente defraudado y el ejercicio al que se refiere. Estos informes son “imprescindibles para mantener o alzar la imputación”.

También ha solicitado que declaren como testigos otras siete personas, entre ellas la ex interventora general de la Junta Rocío Marcos, y que se amplíe la declaración del ex interventor Manuel Gómez Martínez, ya imputado, una vez recibidas las memorias de control financiero y los informes adicionales elaborados por la Intervención. En este punto, el fiscal dice que la relevancia del contenido de las memorias y de los informes ha sido  puesta de manifiesto por la juez en varias resoluciones, y considera que de los testimonios de los dos ex interventores generales “se podrá decidir el concreto alcance que los mismos tuvieron, en particular, si derivó en instrucciones concretas al interventor de control financiero permanente y si se mantuvieron reuniones con los centros directivos afectados o con personal de la propia Consejería de Hacienda”.

En el recurso, el Ministerio Público también interesa que “a la mayor brevedad” se aporten todas las agendas en el periodo 2000-2011 de doce imputados que se pueda disponer como cargo, empleado público o contratado externo (en relación con la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo –Faffe-) de la Junta.

En concreto, los fiscales reclaman las agendas de los ex consejeros Antonio Fernández y Magdalena Álvarez; del ex interventor de la Junta Manuel Gómez; de los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas; de los ex directores generales de Trabajo Francisco Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; así como del ex jefe de servicio de Trabajo Antonio Diz-Lois; del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, del ex diputado Ramón Díaz Alcaraz y de la ex asesora de Empleo María José Rofa.