La Fiscalía investiga las cuentas del circuito de Jerez

La Fiscalía de Cádiz, a través de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía y junto a la Agencia Tributaria, está investigando desde hace seis meses las actividades desarrolladas por la empresa Gestión Circuito de Jerez (GCJ) en el trazado jerezano de velocidad, en los últimos años.

A la vista de un presunto delito fiscal, ha requerido a Circuito de Jerez S. A. (Cirjesa) -la titular del trazado jerezano, participada por el Ayuntamiento en un 60% y la Junta en un 40%- las cuentas de los últimos ejercicios. También ha reclamado toda la información de los convenios que desde 1996 se firmaron, primero, entre la propietaria del circuito y Gestión Circuito de Jerez, hasta finales de 2011, y con Velocidad Circuito de Jerez, entre diciembre de este año y junio de 2012, fecha en que la propia Cirjesa recuperó la gestión del trazado.

En su día, PSOE y PP criticaron al por entonces alcalde, Pedro Pacheco, por firmar un convenio repleto de condiciones "leoninas" con Gestión Circuito de Jerez y prorrogarlo hasta 2011. El que fuera director del circuito, José Ramón García, compartió su cargo con el de administrador único de GCJ. A la vez, Carmelo Ezpeleta, director ejecutivo de Dorna, la organizadora del Mundial de Motos y de Superbikes, es también el apoderado de GCJ. Esta última ha sido durante lustros la encargada de explotar el trazado y dirigir la mayor parte de las actividades que generan dinero en el circuito, tanto la explotación deportiva como la comercial, con personal en nómina trabajando todo el año en las instalaciones. Desde agosto pasado se investiga la presunta comisión de delitos fiscales por las declaraciones de ingresos realizadas por GCJ a Hacienda tras los grandes eventos deportivos.

La clave está en la posible existencia de una doble contabilidad durante la celebración, entre otras citas de interés, del Gran Premio de España de Motociclismo. Esta es una de las bases de esta investigación, con registros en las instalaciones del circuito, la intervención de numerosa documentación y la declaración a empleados.

El comienzo de las pesquisas se inició por la denuncia realizada por un trabajador que informó de que en la celebración de los grandes premios había una doble contabilidad: la oficial, sobre la que se tributaba a la Hacienda Pública, y la real, de la que se distraía dinero para fines que son investigados en la actualidad y que se sospecha que pudieran estar directamente relacionados con el lucro de los responsables de este entramado y de sus colaboradores.

El presunto modus operandi se basaba en una realidad: la imposibilidad material de que alguien ajeno a la organización sepa a ciencia cierta cuántas personas entran en la pelousse del circuito de Jerez en cada prueba. El número de personas que han asistido estos años a los grandes premios, según se informaba a la opinión pública, no coincide al parecer con las entradas declaradas. La pelousse es la zona de monte con vistas al trazado, sin numerar y sin asientos, por lo que los ingresos reales podrían haber sido fácilmente desinflados para, de esta forma, tributar menos al erario y distraer el importe de dichas entradas.

Los agentes inspeccionaron en el mismo circuito una nave propiedad de CGJ y archivadores repletos de documentación fueron requisados por la Agencia Tributaria.