La Ventana
Luis Carlos Peris
Debut rico en dudas
La Junta de Andalucía contará con una Comisión de seguimiento de la sequía en Andalucía para hacer un análisis del impacto que esta tiene en los distintos sectores económicos y en el medio ambiente en la comunidad autónoma.
Este órgano, una suerte de "gabinete de crisis", estará impulsado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, con el objetivo de "desarrollar una política efectiva dirigida a la mejora de la seguridad hídrica y a la mitigación de los efectos de la escasez de agua", y contará con la participación de distintos departamentos de la Administración: además de Agricultura, las consejerías de la Presidencia, de Sostenibilidad y Medio Ambiente, y de Fomento, así como las de Turismo y Política Industrial por representar dos sectores "especialmente afectados" por la sequía.
Así lo ha expuesto el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha detallado que esta comisión de seguimiento empezará sus trabajos el próximo viernes, tras lo que irá reuniéndose "de manera periódica, constante".
Antonio Sanz ha explicado que en dicha comisión se va a acometer, en primer lugar, un "análisis y evaluación de los principales indicadores de la sequía", de forma que "de manera periódica vamos a ir evaluando la situación, cuáles son los planes de sequía en las distintas demarcaciones andaluzas", así como a elaborar propuestas sobre las medidas encaminadas a hacer frente a esta situación, de modo que se concibe también como una "iniciativa de anticipación".
En estos meses, la Junta de Andalucía ha aprobado dos decretos de sequía destinados
a paliar estos efectos al entender que todos los indicadores ponían de manifiesto la
escasez de recursos en un año excepcionalmente seco. Así se ha recogido en las
deliberaciones mantenidas en los comités de gestión y las comisiones para la gestión
de la sequía celebrados en las distintas demarcaciones hidrográficas intracomunitarias
de competencia autonómica. Estas actuaciones respondían a que las precipitaciones y
aportaciones acumuladas se situaban incluso en algunas zonas por debajo de valores
mínimos históricos.
A fecha actual, las reservas del conjunto de dichas demarcaciones hidrográficas
intracomunitarias (Cuencas Mediterráneas Andaluzas; Guadalete-Barbate; Tinto, Odiel y Piedras) se sitúan en el 33,66% de su capacidad, afectando a la garantía del
abastecimiento en las poblaciones afectadas, repercutiendo también de manera
significativa a los cultivos de regadío por no poder satisfacer su demanda de agua.
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