El Gobierno andaluz considera "aclaratoria y equilibrada" la sentencia del Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales del Supremo que autoriza a la juez que investiga el fraude de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a acceder a las actas de los consejos del Ejecutivo andaluz desde 2001. En rueda de prensa, la portavoz del Gobierno andaluz y consejera de la Presidencia, Mar Moreno, se ha referido a la sentencia del Supremo, adoptada por unanimidad y contra la que no cabe recurso, que estima improcedente el requerimiento de inhibición de la juez reclamado por la Junta de Andalucía, que alegaba que esas actas eran secretas y no podían ser consultadas.

"Más allá, el fallo tiene un contenido equilibrado que no solo no desautoriza al Gobierno de la Junta de Andalucía sino que avala mucha de nuestras preocupaciones", ha subrayado la consejera, quien ha añadido que la sentencia "da parcialmente la razón" a la Junta porque el Gobierno lo que quería era "defender el fuero". Moreno se refiere de esta forma a la puntualización que hace el Tribunal de que la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa "prevé la posibilidad de excluir del expediente remitido por la Administración, mediante resolución motivada, los documentos clasificados como secreto oficial".

La consejera ha afirmado que la sentencia es "muy clarificadora" de las "obligaciones" de los gobiernos y también de los "límites" que tienen los tribunales, y ha añadido que el Ejecutivo regional "no tiene ninguna preocupación del contenido de las actas", al tiempo que ha reiterado que la Junta "acata" dicha sentencia. Ha admitido que "es verdad" que la sentencia desestima el recurso de la Junta pero ha añadido que también "pone límites" a las peticiones judiciales, de forma que los fundamentos jurídicos de la sentencia "aclaran y dan la razón a muchas de las preocupaciones que tenía la Junta en relación con este asunto".

Según la portavoz del Gobierno andaluz, el Supremo fija "muy bien las coordenadas de cualquier petición judicial", de forma que reconoce que el Gobierno puede "denegar de forma motivada el contenido impropio de las actas o cualquier acuerdo reservado", algo que "satisface parcialmente" la posición de la Junta.

El pasado 8 de julio, la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, elevó al Supremo este conflicto de jurisdicción, como le solicitaba el Gobierno andaluz desde marzo. La juez defendía la relevancia del acceso a las actas para la investigación, sobre todo las relativas a las decisiones sobre el fondo que transfirió la Consejería de Empleo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -ahora IDEA- para ayudas a empresas en crisis. La juez trata de averiguar si existió una "trama para incluir en los ERE o en las pólizas" de pago de prejubilaciones a personas que nunca habían trabajado en esas empresas.

Mar Moreno ha explicado que a raíz de esta sentencia del Supremo, la Junta tendrá que volver a "examinar" las actas de los consejos de gobierno -casi 500- que contienen unos 6.000 acuerdos del ejecutivo, de forma que aún se desconoce "a qué parte" de las actas podrían afectar estas delimitaciones planteadas por el Supremo.