La Junta perdió 7.700 trabajadores del sector sanitario entre 2011 y 2013

La Cámara de Cuentas revela que el SAS, la Consejería de Salud y las empresas públicas asociadas adelgazaron sus plantillas en un 8,22% en los peores años de la crisis económica.

Operación en el Hospital Regional de Málaga.
Operación en el Hospital Regional de Málaga. / Javier Albiñana
Carlos Rocha

02 de agosto 2017 - 19:10

sevilla/La crisis económica y las medidas de austeridad impulsadas para contenerla impactaron como un misil en la línea de flotación del sector sanitario público de Andalucía. Años después, gracias a un informe de la Cámara de Cuentas, se pueden cuantificar los daños con más exactitud. En 2013, cuando las medidas de contención del gasto se hicieron efectivas, trabajaban en el sistema público de salud 7.773 personas menos que en 2011, justo antes de la ampliación de políticas como la jornada laboral de 37,5 horas semanales para los empleados públicos.

Esa iniciativa vuelve a estar de actualidad por la decisión del Gobierno de vetar la reducción a las 35 horas semanales que defiende la Junta. Según el organismo fiscalizador, la aplicación de la semana de 37,5 horas explicaría la desaparición de 4.643 puestos de trabajo en el sector público sanitario, según datos proporcionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que este miércoles recordó que la vuelta a las 35 horas ha supuesto la contratación de 3.100 profesionales, 1.500 menos que los que se perdieron entre 2011 y 2013. En función de la categoría profesional desaparecieron las plazas de 1.919 enfermeros, 1.609 administrativos, 1.286 facultativos y 1.266 auxiliares de enfermería.

En términos porcentuales -y teniendo en cuenta los efectos de la prolongación de la jornada laboral- el número de profesionales se redujo en un 3,31% entre 2011 y 2013. Sin contar con la atenuante del aumento de horas, la reducción de personal alcanza el 8,22% de la plantilla en los dos años analizados por la Cámara de Cuentas en su trabajo de fiscalización de la gestión de los recursos humanos de los principales componentes del sector sanitario público.

El documento del ente fiscalizador regional alude a cuatro agencias públicas empresariales sanitarias (Costa del Sol, Poniente de Almería, Alto Guadalquivir y Bajo Guadalquivir), a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) y al área de Salud de la entonces Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que se desgajó en 2015. También se refiere al propio SAS, aunque sólo en los hospitales Reina Sofía de Córdoba, Virgen de las Nieves de Granada, Regional de Málaga y Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla. En estos cinco centros se concentraban entonces el 31,30% de los empleados del SAS y el 26,25% de su gasto de personal.

La Junta defiende que la reducción de empleo sólo fue del 3,31% por la ampliación a 37,5 horas

Esta reducción de plantilla generalizada repercutió en una disminución en el dinero dedicado a sufragar sus sueldos. El SAS fue quien logró un mayor ahorro, al recortar del capítulo I un 12,64% -un 8,88% menos entre 2011 y 2012 y un 4,13% entre 2012 y 2013-, mientras que en la consejería la reducción se quedó en el 7,26% y en las cinco agencias públicas empresariales alcanzó el 8,07%. El informe sólo recoge el dato absoluto de la reducción del gasto en el departamento que dirigía María José Sánchez Rubio: 5,25 millones de euros.

La Cámara de Cuentas también se fija en su análisis en la situación del personal eventual. En 2013 había una media mensual de 8.538 trabajadores de esta categoría. La mayoría -el 68,53%- eran estructurales, es decir, ocupaban un puesto de trabajo necesario para el sector sanitario público, pero no formaban parte de la plantilla fija del sistema por que la tasa de reposición estaba en el 10%. De cada diez vacantes sólo podía cubrirse una debido al decreto estatal de 2012 para controlar el gasto.

Cuando elaboró el informe, la Cámara de Cuentas ya conocía la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que instaba a a convertir en interinos a los eventuales que llevaban más de un año en el mismo puesto en un periodo de 24 meses. El ente fiscalizador asegura que no constaba en aquel momento que se hubiera materializado el cumplimiento de este fallo de la corte de Luxemburgo. Desde la Consejería de Salud explican que el informe es posterior al anuncio del proceso de interinización que ha beneficiado a casi 13.000 interinos y que está próximo a finalizar.

Pide el reintegro de 2 millones en sueldos

El informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la gestión en la sanidad pública andaluza de 2013 recomienda también el reintegro de más de dos millones de euros de retribuciones pactadas fuera de convenio. El análisis del ente fiscalizador cuestiona la legalidad de algunos extremos de los denominados "acuerdos de gestión", formalizados en las agencias empresariales de la sanidad pública andaluza, excepto en EPES.

La Cámara de Cuentas sostiene que estos "acuerdos de gestión" incluyen pactos retributivos fuera de convenio con distintas denominaciones que "pueden ser con todos o con algunos de los servicios del hospital y con todos los facultativos que integran dichos servicios o bien con facultativos concretos", cuyo importe superó los cinco millones de euros en el ejercicio analizado.

En la implantación de estos acuerdos "se han obviado" trámites previstos en la Ley del Presupuesto de 2013; en la de Administración de la Junta y en la normativa laboral como "la negociación con los órganos de representación de los trabajadores, la modificación de las condiciones laborales pactadas en convenio, documentar dichos acuerdos por escrito, comunicarlos al comité de empresa o recoger expresamente y por escrito el consentimiento de los trabajadores vinculados a los mismos".

El ente fiscalizador señala incumplimientos en al menos dos contratados en la Consejería de Salud y en otros dos en los servicios centrales del SAS, con un exceso retributivo de 28.784,44 y de 34.126,84 euros, respectivamente. En los cinco grandes hospitales públicos seleccionados para este informe se han detectado incumplimientos en ocho contratados, con un exceso salarial de 40.734,52 euros. En las agencias empresariales públicas, se señala a cuatro directivos y a 93 cargos intermedios, con un exceso de ingresos total de 2,02 millones de euros. "En todos estos supuestos la Consejería, el SAS y las APE deberían haber procedido a la iniciación de procedimientos de reintegro por los importes satisfechos en exceso. A la fecha de finalización de los trabajos, dichas entidades aún disponían de plazo para llevar a cabo el reintegro.

stats